La Iglesia asumirá el coste de las indemnizaciones a víctimas de pederastia en el caso de que un obispo o una orden se niegue o no pueda pagar

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Iglesia española aprueba su plan de reparación integral a víctimas de pederastia clerical entonando un mea culpa y tras años negando el escándalo. El modelo, aprobado por los obispos por unanimidad este martes durante una asamblea extraordinaria en Madrid, no obligará a los obispos y a las órdenes a pagar indemnizaciones a las víctimas cuyos casos han prescrito. En lugar de eso, se creará una comisión de arbitraje que verificará cada caso, determinará el monto de las reparaciones y enviará una valoración a cada diócesis y congregación responsable, que luego decidirá si cumple o no la propuesta. Pese a ello, tanto el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo Luis Argüello, como el presidente de la Confederación Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, han asegurado que, en el caso de que uno de estos responsables eclesiásticos no quiera o pueda hacer frente al pago, lo asumirá la Iglesia en general. “Si llegara el caso, que no lo creo, en que un obispo o un provincial se negara a dar una indemnización, asumiríamos esa deficiencia”, ha dicho Díaz Sariego.

Tanto la redacción del documento, bautizado como Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA), como su votación se han hecho de espaldas de las principales asociaciones de víctimas, a las que en un principio la Conferencia Episcopal Española (CEE) prometió que estarían presentes en esta toma de decisiones. Y también en contra del modelo de reparación mixto que propone el Gobierno, como ha vuelto a explicar hoy la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

“No compartimos un sistema de compensación que no es vinculante y en el que no se ha dado una participación a las propias víctimas. Creemos fundamental la obligatoriedad de cumplimiento de esas recomendaciones [del informe del Defensor del Pueblo], por eso el propio Ejecutivo hizo suyo ese informe”, ha dicho Alegría. Es decir, que sea el Estado, a través de una comisión independiente, el que estudie cada denuncia de los casos prescritos, fije la cantidad económica y garantice el pago a los afectados. En este punto, añade el ministerio de Presidencia, la prioridad del Gobierno será “contactar con la Iglesia para que vuelva a la senda trazada por el Defensor del Pueblo” en su informe. “En su rueda de prensa hemos oído que hay voluntad de diálogo. Antes de nada , queremos saber si esto es cierto, porque antes no lo ha sido ni con el Estado ni con las víctimas”, han afirmado a EL PAÍS una portavoz del ministerio.

Díaz Sariego, que preside la entidad que engloba a todas las órdenes de España, ha subrayado que, para la Iglesia, “el objetivo son las víctimas” y que uno de los objetivos del plan es no volver a revictimizarlas. Fuentes episcopales han asegurado a EL PAÍS que el Gobierno, el Defensor del Pueblo y varias asociaciones de víctimas habían sido convocadas a participar en la cita, pero que “no han acudido ningún representante”. Por otro lado, un portavoz del Defensor afirma que no fueron invitados.

La piedra angular del plan de los obispos es la creación de una Comisión Asesora que coordinará la reparación de cada caso. Este equipo estará compuesto por 10 “profesionales independientes de alto prestigio”: cuatro especialistas del ámbito jurídico, cuatro de médico-forense, un representante de la CEE y otro de la Confederación Española de Religiosos (CONFER), “expertos en el tema” y que servirán de enlace con las diócesis y congregaciones. Si la comisión lo considera, podrá convocar a un representante de las asociaciones de las víctimas. Este organismo verificará cada caso y recomendará “el posible marco de reparación”, partiendo de los que solicite la víctima. “Experimentamos una obligación moral. Lo que hemos aprobado no es un decreto jurídico, que obligue a diócesis y congregaciones, no tenemos esa capacidad. Pero sí de encontrarnos en una misma mesa. Asumimos un compromiso moral”, ha señalado Argüello.

El plan no precisa cómo financiará la Iglesia la posible factura millonaria. En cuanto al baremo de las indemnizaciones, el PRIVA señala que será la comisión, con la ayuda de la Vicesecretaría para Asuntos Económicos de la CEE, la que lo establezca, teniendo en cuenta las cantidades fijadas por la ley civil y “los criterios orientadores de otras conferencias episcopales del entorno”. En Europa, de media por víctima se ha pagado unos 35.000 euros. La tramitación de cada proceso, añade el documento, no debería superar los tres meses. La propia comisión decidirá qué canales abrirá para recibir las denuncias y atender a las víctimas.

Este modelo también contempla la colaboración de la Iglesia —la única— con el Estado para la celebración de un acto público de reconocimiento público a las víctimas y también en la redacción “del estatuto de la víctima a partir de criterios rigurosos y profesionales”.

La relación entre la Iglesia y el Estado se ha tensado en los últimos meses a causa de cómo indemnizar a los afectados de la pederastia clerical. El Gobierno anunció el pasado abril un plan de reparación oficial en el que proponía que fuera un equipo de especialistas el que adjudicase las reparaciones y donde también se exigía “la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”. Un modelo basado en las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales dentro de instituciones religiosas, y que incluía la creación de un fondo estatal donde participase la Iglesia y una comisión independiente que los coordinase. En ambos casos los obispos se negaron a participar, a menos que se incluyera en el plan a las personas que también sufrieron agresiones sexuales fuera del ámbito religioso.

Pese a ese primer choque, la CEE accedió a participar en un grupo de trabajo junto al Estado para reunirse periódicamente y tratar la cuestión. Solo se citaron en una ocasión, el 3 de junio, y desde entonces los obispos han ido posponiendo una segunda cita para informar de qué camino tomaría para indemnizar a las víctimas. La situación llevó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a enviar dos cartas al presidente de los obispos. La primera, fechada el 27 de junio, para instarle a “alcanzar un acuerdo” y concertar un modelo de reparación mixto. Argüello le respondió que retomarían el trabajo conjunto después de que los obispos aprobasen su plan.

Fue entonces cuando Bolaños envió una última misiva a la cúpula eclesial, fechada este viernes, para advertirle de que el Gobierno “no aceptará ninguna fórmula unilateral” para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos que no contemple la supervisión y el control del Estado. Bolaños, además, ha tendido un pulso a los obispos este lunes al reunirse de urgencia con las principales asociaciones de víctimas para mostrarles su apoyo y la promesa de que el Gobierno velará para que tengan una reparación económica. Sobre este asunto, Argüello ha pedido al Ejecutivo este martes que respete la decisión tomada por la Iglesia “a su propio caminar” y le ha recordado que no puede obligarla a asumir responsabilidades no judicializadas. “Un Gobierno democrático deber respetar las reglas del juego“, ha concluido Argüello.