El ministro Félix Bolaños se reúne con las víctimas de pederastia clerical: “El Gobierno estará a vuestro lado”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tensa la cuerda con la Iglesia católica y se ha reunido este lunes con las principales asociaciones de víctimas de pederastia clerical un día antes de que los obispos aprueben su plan de reparación para los casos de abusos sexuales que estén prescritos, y que han redactado sin la colaboración del Estado y sin pedir la valoración de los afectados. “Ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado”, ha trasladado Bolaños a los representantes de las organizaciones de víctimas durante la cita. Del mismo modo, Bolaños ha anunciado que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un real decreto para “regular ayudas para víctimas de violencia sexual previstas en la Ley orgánica de libertad sexual”, aunque no ha dado más detalles de cómo afectará a las personas que sufrieron abusos dentro del ámbito religioso y dichos delitos están prescritos.

Las entidades que han acudido a la reunión han sido la Asociación de Víctimas de abusos de Navarra (AVA), la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Justice Initiative España, la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (Lulacris), la Asociación Nacional de Víctimas Anuladas (ANVA), Mans Petites y la Fundación Vicki Bernadet. Juan Cuatrecasas, fundador de Infancia Robada, valora “el compromiso del ministro y del presidente Pedro Sánchez con las víctimas”.

El ministro ha aprovechado la reunión para detallar a las víctimas el choque entre el Estado y la jerarquía eclesiástica durante los últimos meses, especialmente desde que el Ejecutivo anunció el pasado abril un plan de reparación oficial en el que proponía que fuera un equipo de especialistas el que adjudicase las reparaciones y donde también se exigía “la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”. La Iglesia definió esta iniciativa como “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica” y se negó a participar si el Gobierno no incluía en ese plan a las víctimas que también sufrieron abusos fuera del ámbito religioso.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) aceptó entonces crear un grupo de trabajo con el Estado para abordar la cuestión, pero fue retrasando un encuentro con la Administración pública para informar de qué camino tomaría para indemnizar a las víctimas. La situación llevó a Bolaños a enviar varias cartas al presidente de los obispos, el arzobispo Luis Argüello, para reunirse para “alcanzar un acuerdo” y concertar un modelo de reparación mixto, entre el Estado y la Iglesia, “ajustado a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo con el objetivo de facilitar a las víctimas un único sistema de reparación”. Es decir, que sea el Estado, a través de una comisión independiente, el que estudie cada denuncia de los casos prescritos, fije la cantidad económica y garantice el pago a los afectados.

Ante la negativa de los obispos, Bolaños envió una última carta el viernes, adelantada por este diario, en el que advertía a los obispos de que el Gobierno “no aceptará ninguna fórmula unilateral” para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos que no contemple la supervisión y el control del Estado. La Iglesia no ha contestado. De su plan, que se prevé aprobar este martes, no ha dado detalles. No obstante, el borrador de las claves de su proyecto, adelantado este sábado por Religión Digital, no obligará a los obispos y órdenes a pagar indemnizaciones a las víctimas. En lugar de eso, se creará una comisión de arbitraje que verificará cada caso, determinará el monto de las reparaciones y enviará una valoración a cada diócesis y congregación responsable, que luego decidirá si cumple la propuesta o no.

El mismo borrador deja fuera de dicho equipo de trabajo a las víctimas, y no especifica cómo financiará la Iglesia la posible factura millonaria a la que se enfrenta. La media por víctima en otros estados europeos donde ya han puesto en marcha modelos de reparación ha sido de 35.000 euros.