El Gobierno advierte a la Iglesia de que “no aceptará” que indemnice a las víctimas de pederastia sin el control del Estado

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El Gobierno se planta ante la actual gestión de la Iglesia sobre sus casos de pederastia y advierte a los obispos de que “no aceptará ninguna fórmula unilateral” para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos que no contemple la supervisión y el control del Estado. En una carta fechada este viernes, y a la que ha tenido acceso este periódico, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presiona al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo Luis Argüello, para concertar un modelo de reparación mixto, entre el Estado y la Iglesia, “ajustado a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo con el objetivo de facilitar a las víctimas un único sistema de reparación”. Es decir, que sea el Estado, a través de una comisión independiente, el que estudie cada denuncia de los casos prescritos, fije la cantidad económica y garantice el pago a los afectados.

Las exigencias del ministro llegan cuatro días antes de que los obispos se reúnan de forma extraordinaria para aprobar un plan propio para indemnizar a los afectados y que han redactado sin el apoyo de las principales asociaciones de víctimas y sin la colaboración del Estado, a pesar de que hace meses se comprometieron a trabajar con ambos para abordar conjuntamente el asunto. La noticia de que la CEE ejecutará su plan sin la fiscalización estatal ha avivado el choque con el Ejecutivo. “La participación del Estado no es solo la única manera de cumplir fielmente con las citadas recomendaciones, sino que, además, supone la manera más rápida, eficaz y segura de abordar el problema social que nos ocupa”, subraya Bolaños en la misiva.

La chispa del fuego cruzado entre el Estado y la Iglesia saltó con la publicación en octubre del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos clericales, encargado por el Congreso de los Diputados hace dos años, en el que recomendaba crear un fondo estatal donde participase la Iglesia y fuese supervisado por un órgano independiente. Los obispos se opusieron. También lo hicieron el pasado abril, cuando el Gobierno presentó un plan de reparación oficial en el que también proponía un equipo de especialistas para adjudicar las reparaciones y que “exigiría la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”. La CEE se negó a cooperar a menos que los resarcimientos incluyeran también a las víctimas de fuera del ámbito religioso y definió el plan del Gobierno como “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica”.

Pese a esta postura negativa de la CEE, la jerarquía eclesial aceptó crear un grupo de trabajo con el Estado para abordar la cuestión. Hubo una primera reunión el 3 de junio y acordaron verse de nuevo ese mes para que la Iglesia trasladase finalmente si participaría en el sistema de reparación que proponía el Gobierno, pero la cita nunca se produjo. El plantón llevó a Bolaños a enviar otra carta, con fecha del 27 de junio y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que el ministro urge por primera vez a Argüello a reunirse para “alcanzar un acuerdo”. El presidente de los obispos respondió en otra misiva el 4 de julio que los trabajos de ese grupo “se podrían reanudar a partir del próximo día 10 de julio”, después de que los obispos aprobasen su plan.

Fue entonces cuando el ministro de la Presidencia envió la última carta advirtiendo a Argüello de que “no aceptará” un plan sin “criterios y garantías públicas” como recomienda el Defensor en su informe: “Es evidente que un sistema unilateral por parte de la Iglesia podría generar desconfianza en las víctimas, que pueden temer verse revictimizadas o incluso juzgadas al tener que plantear sus peticiones ante la misma organización por las que no se sintieron amparadas en su día, especialmente cuando este sistema se pone en marcha al margen de los criterios fijados por el Defensor del Pueblo, que es la institución que ha estudiado las mejores fórmulas de escucha y reparación”, señala Bolaños en la misiva.

La CEE no ha detallado las claves del plan que este martes votarán todos los obispos españoles, pero el pasado febrero avanzó que el modelo incorporará “una comisión nacional de arbitraje”, encargada de estudiar cada denuncia. Esta comisión nacional se apoyará en otra que se ocupará de hacer un baremo de las indemnizaciones a pagar, siempre caso por caso. Ambos equipos estarán formados por expertos “reconocidos y con una pluralidad de procedencia” del ámbito jurídico, civil, canónico, médico y psicológico y solo analizarán los casos que no tengan recorrido ni en la justicia penal por prescripción ni dentro de los tribunales eclesiásticos. Para el Gobierno, esto “sería especialmente perjudicial para las víctimas y sus familias, que necesitan un sistema que genere un entorno seguro y confiable”, además de que “puede generar confusión y disfuncionalidades”.

Con el rechazo de la Iglesia a participar en un fondo común, está en el aire cómo financiará lo que se prevé como una factura millonaria. En otros países, como en Francia, los obispos anunciaron que venderían patrimonio y en otros, como Estados Unidos, las diócesis se declararon en bancarrota por las grandes sumas que debían pagar. En Estados europeos, la media por víctima que ha pagado la Iglesia es de unos 35.000 euros.

En España, la CEE no ha anunciado un baremo, pero basta con analizar el número de las víctimas registradas en el país para hacerse una idea del monto que podría desembolsar la Iglesia. La base de datos de EL PAÍS contabiliza al menos 2.735 personas que acusan de pederastia a 1.532 clérigos. No obstante, este dato solo hace referencia a los casos que han salido a la luz, es decir, una pequeña parte si se tiene en cuenta el informe del Defensor del Pueblo, en el que calcula que el 1,13% de la población residente en España ha sufrido abusos en ámbitos eclesiásticos: unas 440.000 personas, según los cálculos de este periódico.