Más de 500 portuguesas abortaron en clínicas de España en 2023 para salvar los restrictivos plazos de su país

El derecho al aborto ha sido una batalla larga y espinosa en Portugal. Después de 50 años de democracia, sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con una de las leyes más restrictivas para las mujeres, ya que solo contempla la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 10 semanas de gestación. Este hecho está empujando a muchas embarazadas a recurrir a clínicas en España, donde el plazo permitido es de 14 semanas, que se pueden ampliar hasta las 22 si está en riesgo la salud física o psíquica de la embarazada o el feto padece graves anomalías.

Según una información del semanario Expresso, más de medio millar de portuguesas fueron a abortar a dos centros españoles durante 2023 porque habían superado las diez semanas que establece como límite la legislación lusa. Con todo no fue el año con más demanda. Solo una clínica de Badajoz practicó más de 500 en 2019 (439 en 2023), mientras que otro centro privado de Vigo realizó 125 en 2022, durante la pandemia.

Para combatir esta norma restrictiva, el Partido Socialista ha presentado en septiembre en la Asamblea de la República un proyecto de ley para ampliar el plazo hasta las 12 semanas, aunque será difícil que prospere teniendo en cuenta la aplastante mayoría de diputados de fuerzas de derechas en la cámara (138 frente a 92 de formaciones de izquierdas). Desde la primavera, el Gobierno portugués está en manos de la coalición conservadora Alianza Democrática. Los socialistas no aprovecharon los ocho años de mandato del primer ministro António Costa (2015-2023) para sacar adelante la reforma.

“Nuestra iniciativa surge ahora por los fallos que se han identificado que muestran las dificultades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, que se han evidenciado en informes y que obligan a centenas de mujeres a desplazarse a España, acentuando así una discriminación socioeconómica”, explica la presidenta del grupo parlamentario socialista, Alexandra Leitão, a EL PAÍS.

Los principales problemas detectados, añade Leitão, son el elevado número de médicos objetores y la desigualdad territorial para realizar una interrupción del embarazo. La propuesta socialista plantea eliminar la actual imposición de tres días obligatorios de reflexión a las mujeres y la exigencia de que el aborto sea autorizado por dos médicos.

También el Bloco de Esquerda, que solo cuenta con cinco diputados, ha presentado otra propuesta para que la ley de plazos se extienda hasta las 14 semanas, a semejanza de lo que ocurre en España. Ninguno de los dos países ibéricos, que han tenido raíces católicas fuertes y dictaduras longevas que se adentraron hasta los setenta, agilizó la aprobación de leyes que consagrasen el derecho a decidir de las mujeres. En ambos casos se aprobaron normas donde se permitía el aborto en tres supuestos (violación, malformación fetal o riesgo para la salud de la mujer), pero no fue hasta el siglo XXI que se dotaron de una ley de plazos similar a la que rige en Francia, Suecia y Países Bajos.

España lo hizo en 2010, tres años más tarde que Portugal, que lo sometió a un referendo en 2007, donde el 59% votó a favor de la ley. Era la segunda tentativa de instaurar el derecho al aborto libre después de la realizada en 1998. En aquella ocasión, a pesar de que la norma fue aprobada en la Asamblea de la República, el primer ministro socialista António Guterres, actual secretario general de la ONU, traicionó la votación de su propio partido y se alió con el líder de la oposición del centro derecha y actual presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, para convocar un referendo. Guterres y Rebelo, muy amigos y muy católicos, defendieron el no. Y ganaron por cerca de 50.000 votos. La despenalización definitiva llegaría durante otro gabinete socialista, el del primer ministro José Sócrates. Desde que está al frente de la ONU, Guterres ha admitido que su posición ha cambiado y se ha mostrado partidario de la despenalización.

Pero no es un tema zanjado en Portugal. Si por el lado de la izquierda se pretende reabrir el debate para aumentar el plazo para la decisión libre de las mujeres, por el lado de la derecha hay voces que defienden un nuevo referendo para tratar de revertir la ley en vigor. Paulo Nuncio, presidente del grupo parlamentario del conservador Centro Democrático Social (CDS), el partido minoritario que pertenece a la coalición que gobierna, es partidario de un nuevo referendo y también de restringir el acceso al aborto con la aplicación de tasas, como ya ocurrió durante otras legislaturas con mayoría a la derecha. No obstante, el primer ministro y presidente del Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha), Luís Montenegro, ha señalado que se trata de un “asunto resuelto”.

El aborto ha sido un tema divisivo que los gobernantes prefieren no remover como Luís Montenegro, pero tampoco antes António Costa. Lo cierto es que, pese a tener una ley de plazos, no resulta fácil para las portuguesas abortar en su país. O al menos no es igual según el lugar de residencia. Un 33% de los hospitales no realiza interrupciones voluntarias del embarazo, según el estudio publicado en 2023 por la Entidad Reguladora de la Sanidad.

En 2022 se practicaron en el país 15.616 abortos voluntarios, un 15% más que el año anterior. La mayoría se realizó en la sanidad pública. El estudio también permitió detectar los casos de 1.366 mujeres que hicieron la consulta en 2022 y no pudieron interrumpir su embarazo por haber superado las diez semanas de gestación. Una parte de ellas buscaron la solución en clínicas españolas.