El Papa apunta a la millonaria trama del Sodalicio, el poderoso grupo sectario de Perú que investiga por agresiones sexuales

El Papa va en serio contra el Sodalicio de Vida Cristiana, la poderosa organización religiosa laica y ultraconservadora de Perú, fundada en 1971 e inspirada en sus inicios en la Falange española como milicia de “soldados de Dios”. Tras las abrumadoras denuncias de abusos sexuales, físicos y comportamientos sectarios desveladas por investigaciones periodísticas a partir de 2000, el Vaticano envió hace un año una misión especial a investigar a fondo el movimiento y ha ordenado hacer limpieza, una operación difícil porque goza de fuertes apoyos en la política, la magistratura y los medios de comunicación peruanos. En agosto, el Papa expulsó al fundador del Sodalicio, el gurú carismático Luis Fernando Figari, de 77 años, que estuvo al frente del grupo hasta 2010 y está acusado de abusar sádicamente de menores y adultos. Y la semana pasada, a otros 10 responsables de la cúpula de la organización, en la que ve “métodos sectarios”, según un comunicado de la Santa Sede con términos excepcionalmente duros y acusaciones poco habituales. Otras eran “abuso físico, incluso con sadismo y violencia”, “abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo (difamación)”, y “abuso de autoridad, con episodios de hackeo de comunicaciones”. Entre los expulsados están tres sacerdotes y el arzobispo emérito de Piura, José Antonio Eguren. Pero en realidad, según fuentes vaticanas, esto es solo el principio de una operación que quiere llegar al fondo y al verdadero núcleo del poder del movimiento: sus actividades económicas, que los trabajos periodísticos valoraban en 2015 en unos 1.000 millones de dólares. En este sentido, se esperan nuevas decisiones del Papa en los próximos días.

Según explica al teléfono desde Perú la periodista Paola Ugaz, una de las reporteras que ha desvelado el escándalo, la Fiscalía peruana investiga desde hace dos años el imperio empresarial del Sodalicio ―mercado inmobiliario, colegios, sanidad, industria agropecuaria, minería― y un presunto sistema de blanqueo de dinero a través de paraísos fiscales de Panamá e Islas Vírgenes, construido con la complicidad de la política y también de parte de la Iglesia. “Han creado un Estado dentro del Estado”, explica Ugaz, que apunta a uno de los máximos responsables del Sodalicio, el sacerdote Jaime Baertl, como uno de los principales artífices de este entramado.

Además, hay una inesperada conexión española. Según ha comprobado EL PAÍS, el inicio del despegue empresarial del Sodalicio se debe a un discutible informe que avaló en 2000 una de sus actividades, un cementerio privado, firmado por el entonces arzobispo de Tarragona, Luis Martínez Sistach, luego arzobispo de Barcelona y cardenal. La organización buscaba respaldo jurídico de la Iglesia y acudió a él, como respetado canonista, y también al italiano Gianfranco Ghirlanda, también luego nombrado cardenal, que firmó un segundo informe. El documento firmado por Martínez Sistach, al que ha tenido acceso este diario, apoyaba la idea de considerar los cementerios como “misiones”, de forma que según el concordato entre Perú y la Santa Sede de 1980, quedaran exentos de impuestos. A partir de ahí, el Sodalicio creó una red de hasta nueve cementerios de lujo, al estilo estadounidense, en todo el país, que fue el inicio de su fortuna. Otros tantos obispos peruanos, nueve, ampararon este mecanismo en sus territorios y ahora están también en el punto de mira del Vaticano. Es decir, la investigación sacude toda la Iglesia peruana y aún deben aclararse las responsabilidades.

En el Sodalicio han saltado las alarmas y por eso ha desplegado una campaña de desprestigio contra la propia investigación del Vaticano con un movimiento inédito: una denuncia en la Fiscalía peruana contra uno de los dos miembros de la misión especial enviada al país por el Papa, el sacerdote español Jordi Bertomeu. Junto al arzobispo maltés Charles Scicluna, son los hombres de máxima confianza del pontífice para abordar los grandes escándalos de pederastia, como el caso Karadima en Chile. Este mes dos personas vinculadas al Sodalicio han denunciado a Bertomeu, acusándolo de revelación de secretos, por haber filtrado supuestamente información del encuentro que mantuvieron con él en durante su estancia en Lima.

“Están reaccionando como un animal herido de muerte”

“El Sodalicio está reaccionando como un animal herido de muerte y su táctica con la misión especial del Papa es la misma que ha aplicado con quienes considera enemigos en los últimos 24 años, desde que surgieron las primeras denuncias”, explica desde Lima al teléfono Pedro Salinas, el periodista que junto a Paola Ugaz destapó definitivamente el escándalo con un libro publicado en 2015. “Reaccionan como suelen hacerlo, matoneando, querellando y demandando calumniosamente a quienes se crucen en su camino. Nosotros hemos venido resistiendo una cacería, una campaña de acoso y derribo. Jamás pensé que iban a hacer lo mismo con la misión del Papa. Lo más impresionante es que están tratando de capitalizar esto para victimizarse, que ahora son víctimas”. Según Salinas, una estimación muy conservadora de víctimas del Sodalicio apunta que son un centenar, la mitad de ellas de agresiones sexuales, tanto menores como adultos. El resto son víctimas de abuso físico, de conciencia y de haber sido literalmente esclavizados a las órdenes de sus superiores. Un informe publicado en 2017 por el propio Sodalicio tras una investigación interna admitió abusos sexuales de los años setenta y hasta 2009 a 19 menores y 17 adultos.

Sin embargo, la reacción del Papa también ha sido insólita y contundente. En una carta que aún no ha sido publicada oficialmente, ha advertido a las dos personas que han denunciado a Bertomeu que quedarán excomulgados si no retiran sus acusaciones en 48 horas. Asegura que “se presentaron de forma taimada” al sacerdote español como víctimas del Sodalicio y que al acusar en su denuncia a todos los responsables de la misión especial, están “incluyendo por tanto al mismo Santo Padre”. El documento papal les acusa de “suscitar públicamente el odio contra la Sede Apostólica” y “obstruir la justicia canónica”.

El precepto penal, firmado por Francisco con fecha del 25 de septiembre, ha sido desvelado este domingo por los propios denunciantes, Giuliana Caccia y Sebastián Blanco, que publicaron un vídeo de más de 12 minutos en YouTube titulado Nos quieren excomulgar. En él, hablando a la cámara, cuentan lo ocurrido y adelantan que no obedecerán. En su intervención se dirigen al Papa para insistirle en que está “mal informado”, señalando a Bertomeu.

“Durante más de 50 años no les ha pasado nada, están muy protegidos, tienen relaciones políticas y empresariales muy fuertes. Pero ahora el Vaticano sí les da miedo, porque no lo pueden controlar”, opina Paola Ugaz, que afirma que la organización “siempre cuenta con un fiscal que les abre una investigación por absurda que sea”. La periodista cree que la limpieza ordenada por el pontífice está sacando a la luz hechos que afectan gravemente a la imagen y los negocios del Sodalicio, muy relacionado con las clases altas peruanas. “Si no hubiera venido la misión del Papa, nunca les habría pasado nada”.

Ugaz explica que, según sus investigaciones publicadas en el diario La República, el punto de partida de la trama económica del Sodalicio está en el concordato firmado en 1980 entre la Santa Sede y Perú, que considera exentas de impuestos las actividades de la Iglesia sin ánimo de lucro, como diócesis y parroquias. Pero también las misiones, un término más ambiguo. Es precisamente en este punto donde el Sodalicio vio su oportunidad. Miembros del movimiento compraron un cementerio a una hora de Lima y consiguieron forzar el derecho canónico para que fuera considerado “misión”. Lo lograron gracias a sendos informes del español Luis María Sistach y del italiano Gianfranco Ghirlanda. Más tarde, según afirma Ugaz, gracias al apoyo del entonces nuncio, el italiano Rino Passigato, y también de las autoridades, en la época de Alan García, presidente de Perú entre 2006 y 2011 y muy amigo de Figari y de Baertl, consiguieron que se calificara a los cementerios como “isla tributaria”, prácticamente una zona extraterritorial dentro de Perú.

“Ninguna autoridad peruana podía entrar siquiera a ver qué hay ahí, lo que es insólito en un país. Estiraron el concordato como un chicle y con sus amigos en política luego hicieron todo lo que quisieron. Y tenían mano de obra barata con los miembros del Sodalicio, a los que esclavizaban”, sostiene Ugaz. “Así empezaron a capitalizar dinero. Sus contactos hacían que se les abrieran todas las puertas. Empresarios y particulares les prestaban dinero para invertir en negro y les devolvían con intereses por encima del mercado”, asegura reafirmándose en las investigaciones que ha publicado. Según ha relatado en sus artículos, el Sodalicio acumuló una gran fortuna y se expandió a otros países: Ecuador, Chile, Costa Rica, Colombia, Brasil. Una de las claves a las que apunta la investigación del Vaticano es que la organización debería poder justificar dónde está la obra social en la que han reinvertido sus beneficios como entidades sin ánimo de lucro.

“También empezaron a mover el dinero a través de sociedades off shore. Primero a Panamá, luego a las Islas Vírgenes, y finalmente a Denver, Colorado, en Estados Unidos, donde hoy tienen domiciliadas estas sociedades. Se llevaron los fondos para escapar de las entidades tributarias peruanas y del Vaticano”, asegura Ugaz. En Denver, apunta, tienen la iglesia de Holy Name y cuentan con la protección del arzobispo de la ciudad, el ultraconservador Samuel Joseph Aquila. Todos los responsables del Sodalicio han ido saliendo de Perú en los últimos años, a medida que salían a la luz nuevas informaciones. Cuando la semana pasada fueron expulsados de la Iglesia diez miembros de la cúpula, el comunicado del Sodalicio fue emitido desde Denver.