El Supremo se opone al indulto total a Juana Rivas

La petición de indulto para Juana Rivas, la madre de Granada condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores, divide al Tribunal Supremo. El pleno de la Sala de lo Penal se ha opuesto de forma unánime a concederle la medida de gracia total, lo que implicaría eximirla de toda la pena, pero no ha alcanzado un acuerdo mayoritario sobre el indulto parcial, la opción que apoyó la Fiscalía. Ocho magistrados se han mostrado a favor de esta posibilidad y otros ocho, en contra. La decisión, en cualquier caso, es del Gobierno y el informe del tribunal es preceptivo, pero no vinculante.

El Ministerio de Justicia, responsable de tramitar las peticiones de indulto, recibirá en las próximas horas un informe del Supremo sin una postura fija sobre la medida de gracia solicitada por Rivas, que ingresó en junio pasado de forma voluntaria en un Centro de Inserción Social para cumplir la pena. La Sala de lo Penal, tras no llegar a un acuerdo, ha decidido remitir al Ejecutivo un escrito en el que se recoge tanto la postura de los magistrados favorables al indulto parcial como la de los que se oponen. En el documento, el Supremo explica que su función es ilustrar al Gobierno sobre las razones que recomiendan o desaconsejan hacer uso del derecho de gracia. Y, en este caso, el tribunal concluye que el cumplimiento de esa función, con el criterio dividido de los miembros de la Sala de lo Penal, “en nada se resiente, antes al contrario, se enriquece con la conjunta exposición de las razones sostenidas por unos y otros”.

A favor del indulto parcial (reducir en seis meses la pena impuesta por el Supremo, como pedía la Fiscalía) se muestran los magistrados Andrés Palomo —ponente de la resolución de apoyo al indulto parcial—, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Vicente Magro, Susana Polo y Javier Hernández. En sus argumentos advierten sobre la “angustia extrema” que ha demostrado el hijo mayor de Rivas a lo largo del proceso judicial por tener que separarse de su madre y convivir con su padre, a quien señala por presuntos malos tratos. Estos jueces, que defienden la medida de gracia por razones de justicia y equidad, consideran también acreditada una situación de angustia similar por parte de Rivas. “Al margen de que acreditara o no los malos tratos (no olvidamos que es un elemento probatorio, ahora aportado, sobre el que no ha recaído contradicción), la vivencia de esa angustia tan acusada efectivamente existe”, señalan.

Sus argumentos son rebatidos por los otros ocho magistrados de la sala, que se oponen a cualquier forma de indulto, total o parcial, a favor de la mujer: Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal), Julián Sánchez Melgar, Miguel Colmenero, Pablo Llarena, Carmen Lamela, Eduardo Porres, Ángel Hurtado y Leopoldo Puente. Estos magistrados defienden mantener en su totalidad la pena que acordaron en abril pasado, cuando redujeron a la mitad la condena de Rivas y, en la horquilla de entre dos y cuatro años de cárcel contemplados para el delito de sustracción de menores, optaron por una pena de 2 años y seis meses. “No comprendemos las razones por las que, apartándonos de aquella decisión, deberíamos proponer ahora, solo unos meses después, la concesión de un indulto, aun cuando fuera parcial, para reducir la pena a una magnitud que nosotros mismos, de manera fundada, descartamos entonces”, afirman.

La mujer fue condenada en primera instancia por un juzgado de Granada a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores (uno por cada hijo implicado). La Audiencia Provincial confirmó esta pena, pero el Supremo, tras estudiar el caso, la redujo a la mitad al entender que se le debía condenar por un único delito de sustracción. El alto tribunal sí confirmó la pena de seis años de retirada de patria potestad a Rivas y el pago de una indemnización de 12.000 euros por los daños morales y materiales causados al padre de los menores.

Para Enrique Zambrano, abogado en España de Francesco Arcuri, el informe es una “auténtica vergüenza que retrata al Tribunal Supremo en este momento”, informa Javier Arroyo. Según Zambrano, el informe muestra un tribunal “dividido entre magistrados juristas, los que se han mostrado en contra del indulto parcial, y magistrados políticos y que, además, ponen en duda una sentencia de ese mismo órgano emitida hace pocos meses”. Los primeros, comenta a este diario, “hacen una disección jurídica de los hechos” mientras los segundos, explica, recurren a informes, denuncias y documentación que ya se ha utilizado en diferentes tribunales y que ha sido archivada o no tenida en cuenta. Zambrano considera, además, que el escrito “es un ataque frontal a la justicia italiana”. Y añade que no le extrañaría que el Gobierno italiano elevara una queja a la Comisión de Justicia de la Unión Europea por los comentarios vertidos en el informe.

Carlos Arangüez, abogado de Juana Arcuri, ha mostrado una versión totalmente opuesta. Arangüez ha manifestado su “satisfacción porque 8 de los 16 magistrados del Tribunal Supremo hayan decidido informar favorablemente el indulto parcial”. El letrado de Rivas ha recordado que la Fiscalía “también ha emitido un informe favorable a una medida excepcional a nuestro ordenamiento jurídico, pero que en este caso resulta absolutamente adecuada para resolver por fin un procedimiento penal abierto contra una madre que solo quiere defender a sus hijos de un maltratador”. Sobre el uso que el Gobierno dará a este informe, Arangüez no tiene duda del sentido favorable del indulto, ya que, según ha explicado en un comunicado, “puesto que Juana Rivas ya ha cumplido parte de su pena en un Centro de Inserción Social, no es posible el indulto total, pero el Gobierno tiene ahora la posibilidad de acabar con la ejecución de unas penas que carecen de sentido y utilidad pública por lo que, ya que destacados miembros del Ejecutivo se han manifestado públicamente a favor del indulto, confiamos en que se conceda dicho beneficio a Juana Rivas en los próximos días”.