Varapalo del Poder Judicial al Tribunal Militar Central

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha infligido un severo correctivo al Tribunal Militar Central al declarar la “nulidad de pleno derecho” de una instrucción con la que presuntamente interfería en la independencia de los jueces castrenses.

El Tribunal Militar Central, como órgano de gobierno de la jurisdicción militar, aprobó en febrero pasado una instrucción sobre el servicio de guardia de los juzgados togados territoriales. Pero el tribunal no se limitó a fijar los horarios de trabajo o atención al público, sino que ordenó a los jueces la forma en que debían conducir sus investigaciones. Así, determinaba que “inexcusablemente” deberían personarse en las instalaciones militares donde se produjera el fallecimiento de un militar “o cualquier otro hecho de gravedad o de posible repercusión y que revista caracteres de delito de la Jurisdicción Militar”, aunque finalmente no lo fuera.

Lo más grave es que ordenaba a los jueces contactar “con el jefe de la unidad con atribuciones sobre el lugar militar donde haya ocurrido el delito” en cuanto tuvieran noticia del mismo. Es decir: debían avisar de la existencia de una investigación judicial, incluso si estaba declarada secreta, al mando de la unidad, antes de saber si este estaba implicado en el posible delito.

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Mariano Casado, presidente de la Sección de Derecho Militar y Seguridad del Colegio de Abogados de Madrid y miembro del Observatorio de la Vida Militar, mostró su “preocupación” porque esta instrucción podría suponer una “injerencia” en la labor de los jueces militares, a los que convertía en meros “subordinados del mando", poniendo en riesgo la independencia de sus investigaciones.

La instrucción fue recurrida ante el CGPJ por la juez togado militar territorial número 12 de Madrid, Patricia Moncada, y por tres funcionarias de su juzgado, con la advertencia de que los miembros del Tribunal Militar Central podrían haber incurrido en una falta disciplinaria grave consistente en la  "intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier tipo, en la aplicación o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro órgano judicial”. Se da la circunstancia de que esta juez fue expedientada por acudir a una base militar a realizar un registro relacionado con un caso de corrupción sin haber avisado antes al jefe de la misma.

La Comisión Permanente del CGPJ no se ha pronunciado sobre la hipotética responsabilidad disciplinaria de los miembros del Tribunal Militar Central, pero sí ha anulado la instrucción por considerar que fue dictada por un “órgano manifiestamente incompetente” para hacerlo.