Poder sin responsabilidad

El Gobierno no tiene el monopolio del conocimiento de la situación económica del país. Nunca lo ha tenido en el pasado y menos lo tiene todavía hoy. Es posible e incluso probable que tenga el conocimiento más completo, pero no hay una diferencia significativa entre el conocimiento que tiene el Gobierno y el que tienen organismos internacionales o de la Unión Europea, o el que tienen las agencias de calificación o los servicios de estudios de los grandes bancos o el de la Fundación de Cajas de Ahorros. El conocimiento de la situación económica está muy compartido y entre los que comparten ese conocimiento figura la dirección del PP.

Quiere decirse, pues, que antes del 20-N y antes del debate de investidura el actual presidente del Gobierno sabía o, mejor dicho, no podía no saber cuál era la situación económica en que se encontraba España. No podía no saber cuál era el volumen del déficit del conjunto de las Administraciones públicas, décimas arriba o décimas abajo, de la misma manera que no podía no saber cuál era la situación de nuestra deuda privada. O, por decirlo de otra manera, el presidente del Gobierno y su equipo no saben ahora nada que sustancialmente no supieran antes del 20-N y, sobre todo, antes del debate de investidura.

La no coincidencia de lo que dijo durante la campaña electoral e incluso en el debate de investidura que iba a hacer una vez que ocupara la presidencia del Gobierno con lo que realmente está haciendo, no tiene su origen en que ahora dispone de información de la que no disponía entonces. Mariano Rajoy sabía perfectamente que iba a hacer como presidente del Gobierno algo no solamente distinto, sino incluso contradictorio con el programa con el que se había presentado ante los electores y con el programa con el que solicitó la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura. A pesar de que en dicha sesión el todavía candidato se comprometió a decir siempre la verdad, no ha hecho honor a ese compromiso desde el momento en que ha tenido que empezar a ejercer de presidente del Gobierno.

Esta es la razón, sin duda, por la que Mariano Rajoy ha desaparecido de la escena pública desde el día inmediatamente posterior a la investidura. La contradicción entre sus palabras de candidato en la investidura y su acción como presidente del Gobierno es tan palmaria y le tiene que haber resultado tan imposible de justificar ante la opinión publica, que ha decidido dejar pasar algún tiempo antes de comparecer. Además de faltar a la verdad en la campaña electoral y en la investidura, ha escurrido el bulto como presidente del Gobierno.

Dada la situación en la que se encuentra el PSOE, el presidente del Gobierno no corre por el momento ningún riesgo al actuar de la forma en que lo está haciendo. Controlar formalmente la acción de gobierno lo puede hacer cualquier partido de los que están en la oposición, pero el control material de dicha acción de gobierno únicamente puede hacerlo un partido al que la sociedad haya puesto en condiciones de hacerlo. Y ahora mismo no hay ninguno. En nuestro sistema político, cuando el primer partido de la oposición no es alternativa de Gobierno, la tarea de oposición se diluye hasta hacerse irrelevante. Esta es una de las más negativas consecuencias de las mayorías superabsolutas, que se producen como consecuencia más del hundimiento del segundo partido que por el incremento de apoyo ciudadano al partido que gana. Pasó en 1982 y 1986 con AP en la oposición. Pasó, aunque en menor medida, en 2000. Y ha vuelto a pasar con una enorme intensidad en 2011.

Ejercicio del poder sin exigencia de responsabilidad. Esa es la situación en la que ahora mismo nos encontramos y en la que vamos a permanecer durante un tiempo que no podemos prever con precisión cuánto va durar, pero que, dure lo que dure, siempre será demasiado.

Para el partido que está en el Gobierno es una posición parlamentariamente muy cómoda, pero políticamente muy arriesgada. Cuanto menos consistencia tenga la exigencia de responsabilidad por el ejercicio de la acción de gobierno por parte de la oposición, más crece la desconfianza de los ciudadanos en dicha acción de gobierno. Un contraste real y efectivo entre Gobierno y oposición en el Parlamento hace menos cómoda la vida para quien ocupa el Gobierno, pero contribuye a fortalecer la confianza ciudadana.

Faltar a la verdad le va a salir gratis al Gobierno en términos parlamentarios. ¿Pero también en términos políticos? El problema que suscita este interrogante es que, tal como está el patio, el coste no lo van pagar solamente el Gobierno y su mayoría parlamentaria, sino que lo vamos a acabar pagando todos.