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Los proveedores de Sanidad valencianos no suministrarán si la Generalitat no paga

La Administración autonómica debe 70 millones de euros a 33 empresas

Luis Rosado, tercero por la derecha, estrenó el martes un nuevo aparato en el hospital General de Castellón.
Luis Rosado, tercero por la derecha, estrenó el martes un nuevo aparato en el hospital General de Castellón.

La cadena de suministro de los hospitales y centros de salud que dependen de la Generalitat Valenciana está a punto de romperse. La Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana, una entidad constituida el pasado mes de marzo y que aglutina a alrededor de 40 pequeñas y medianas empresas, y que sirven al Servicio Valenciano de Salud (SVS) productos básicos para el funcionamiento diario de hospitales y centros de salud, alertó ayer sobre el inminente riesgo de desabastecimiento de los hospitales valencianos.

La cúpula ejecutiva de la plataforma se reunió el martes con el consejero de Sanidad, Luis Rosado, con el secretario autonómico de Hacienda, José Miguel Escrig, y con el director general del área económica de Sanidad, Eloy Jiménez, “para posibilitar el pago de los suministros del año en curso, ya que de lo contrario los socios de la Plataforma no van a poder continuar con su actividad empresarial en un plazo muy breve”.

Los proveedores están dispuestos a aparcar la deuda que arrastran de ejercicios anteriores, algunos desde 2008, pero reclaman el pago inmediato a 33 empresas de 70 millones de euros correspondientes a productos servidos este año porque, de lo contrario “inevitablemente, se van a producir no solo desabastecimientos involuntarios, sino cierres de empresas asociadas y despidos de muchos de nuestros trabajadores”.

La cadena de suministro se rompe
La deuda que exigen los proveedores corresponde a los productos suministrados a lo largo de este año. Están dispuestos a aparcar la negociación de las deudas acumuladas desde 2008. < td>
Los proveedores alertan sobre “desabastecimientos involuntarios, cierres de empresas asociadas y despidos de muchos trabajadores” en el plazo de tres semanas.
Los pequeños y medianos proveedores sirven desde gasas y batas a prótesis cardiacas a hospitales y centro de salud.

Los responsables autonómicos que recibieron a los representantes de la plataforma les ofrecieron más sinceridad que soluciones. “Empezaron por reconocer que las arcas de la Generalitat Valenciana están vacías y que, hoy por hoy, es imposible atender las reivindicaciones de la plataforma por muy justas que estas sean”, reza una nota difundida ayer.

Según la cúpula de la plataforma de proveedores, el nuevo consejero de Sanidad, Luis Rosado, al que han intentado sentar a la mesa desde que tomó posesión, se limitó a “reconocer a la plataforma como entidad representativa”; “a instaurar un clima de diálogo permanente”; “a confirmar la deuda contabilizada del ejercicio de 2011”, una parte mínima de la deuda real; “a controlar la deuda no contabilizada y que obra en las dependencias de hospitales y centros de salud”; y a asumir el compromiso de “contabilizar esa deuda tan pronto las posibilidades financieras así lo permitan”. Un compromiso absolutamente indefinido porque, a día de hoy, no hay un presupuesto previo asignado al efecto.

“Como es fácilmente entendible, la reunión ha causado una enorme zozobra y decepción entre los miembros de la junta de gobierno de la plataforma”, concluye la nota, “pese a lo cuál vamos a dar un voto de confianza personal al consejero de Sanidad y al secretario autonómico de Hacienda, José Miguel Escrig, y esperar la convocatoria de otra reunión de trabajo en un plazo no superior a tres semanas”.

Los pequeños y medianos proveedores del Servicio Valenciano de Salud distribuyen desde gasas y batas hasta prótesis cardiacas en todos los hospitales y centros de salud de la Comunidad Valenciana. No son multinacionales y atienden los pedidos con una rapidez que nunca podrían ofrecer las grandes empresas de productos clínicos.

Constituyen una red imprescindible para el normal funcionamiento de los centros de salud porque ofrecen una capilaridad que no tiene alternativa. Pero están al límite de sus posibilidades. Los bancos les cierran el crédito y se niegan a anticipar el pago de facturas emitidas por la Generalitat.

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