EE UU quiere facilitar la reunificación familiar de indocumentados

La Administración Obama ha anunciado que quiere facilitar el proceso de reunificación familiar para indocumentados que residan en Estados Unidos. A través de una nueva normativa, se podrá solicitar el permiso de residencia sin tener que salir del país, como establece la ley actual. La medida podría reducir los largos períodos de separación entre ciudadanos norteamericanos y sus parejas o descendientes indocumentados mientras éstos obtienen la autorización.

Cualquier indocumentado que quiera tramitar una Green Card o permiso de residencia a través de un esposo o familiar norteamericano está obligado a regresar a su país de origen. Sin embargo, al llegar allí, cae en una trampa legal que ahora quiere deshacer el Gobierno estadounidense: al haber residido en EE UU de manera ilegal, no puede volver a entrar en el país hasta pasar un período de entre tres y diez años.

A consecuencia de ello, durante las últimas décadas, miles de indocumentados han tenido que elegir entre dos opciones. Por un lado, podían iniciar el proceso de legalización y arriesgarse a salir del país, agotando muchas veces las posibilidades de volver a entrar y reencontrarse con sus familiares. La alternativa era continuar viviendo en las sombras, esperando a que llegaran medidas como la que ahora propone el Gobierno.

Eliminar barreras burocráticas

Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, ha recibido el anuncio calificando la medida de “sentido común”. “La administración Obama ha demostrado que entiende los valores de unidad familiar al proponer el arreglo de una barrera burocrática excesivamente dura y que separa a ciudadanos norteamericanos de sus seres queridos”, afirmó.

La nueva normativa podría no entrar en vigor hasta dentro de unos meses y responde a la estrategia del presidente norteamericano para suavizar la situación de los 11 millones de indocumentados que viven en EE UU. Obama no consiguió aprobar una reforma del sistema de inmigración cuando tenía el control de las dos cámaras en el Congreso y la victoria del Partido Republicano en 2010, cuando la Cámara de Representantes pasó a estar bajo su control, ha impedido cualquier progreso.

La Casa Blanca ha optado desde entonces por hacer cambios a las leyes de inmigración que no necesitan el visto bueno del Congreso, despertando todo tipo de críticas de los políticos republicanos. El pasado verano, el Gobierno anunció la revisión de 300.000 órdenes de deportación para dar prioridad a la expulsión de aquellos indocumentados que hayan cometido delitos, y congelando los casos de personas sin antecedentes, algo que la oposición critica como una “amnistía por la puerta de atrás”.

Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Nacional, alega sin embargo en el texto de la propuesta que las políticas de reunificación entre ciudadanos norteamericanos y sus familiares son "consistentes con la prioridad que dan las leyes de inmigración ratificadas por el Congreso”.

Vivir separados

Una vez aprobadas las nuevas normas, los indocumentados podrán iniciar su proceso de legalización desde EE UU y solo deberán abandonar el país para recoger el permiso de residencia en el consulado norteamericano de su país de origen. Aun así, deberán alegar “las duras consecuencias” que supondría vivir separados de sus familiares en el caso de ser denegado el permiso de residencia, un requisito que ya establece la ley vigente.

Desde que Obama llegara a la Casa Blanca en enero de 2009 e intensificara el nivel de deportaciones de indocumentados, numerosas organizaciones han denunciado la trágica separación de norteamericanos con familiares que carecían de permiso de residencia. El pasado mes de octubre, un estudio de la Universidad de Berkley, en California, confirmaba que un tercio del millón de deportados por el Gobierno tiene un familiar estadounidense.

Según datos gubernamentales, además, el 46% de los hispanos que residen en EE UU tienen un pariente indocumentado. El presidente norteamericano necesita ahora recuperar el apoyo de aquellos hispanos que amenazaron con retirarle su apoyo en las próximas elecciones si no cambiaba de estrategia, aprovechando también la falta de liderazgo dentro de las filas republicanas. La nueva normativa favorecerá precisamente a la comunidad hispana, centro de todas las leyes de inmigración aprobadas en los últimos dos años y uno de los grupos de votantes clave el próximo 6 de noviembre.