Ayuso, tras la ampliación de la investigación a su pareja: “España es un estado policial”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que “España es un estado policial” en el que hay un “abuso de las instituciones”, “el sistema judicial no actúa independientemente”, y “los derechos y libertades civiles están restringidos”. Apenas unas horas después de que se conociera que la jueza que instruye el caso de su pareja, Alberto González Amador, por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil, abre una nueva pieza para investigar más posibles delitos, la baronesa conservadora ha protagonizado una dura intervención durante un acto organizado por El Confidencial. Allí, rodeada de micrófonos y focos, Díaz Ayuso ha hecho afirmaciones sin precedentes para poner en duda la democracia española, la independencia de los jueces, la neutralidad de las instituciones, y el papel del presidente Pedro Sánchez, al que ha acusado de traer a España “las prácticas que han arrasado con la democracia en muchos países hispanoamericanos”, “aconsejado”, ha subrayado sin nombrarle, por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“España ya es un estado policial”, ha dicho Díaz Ayuso. “Hoy sabemos que el ministro del Interior nombrará a dedo a los policías que investiguen casos judicializados. Esto es, que no investigarán la corrupción que afecta a su gobierno, a Sánchez, a Begoña”, ha opinado. “Televisión Española, desde hoy totalmente amordazada desde el control político”, ha seguido en referencia al pacto muñido para cambiar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar RTVE. “La judicatura, la policía, las grandes instituciones públicas están tomadas por activistas políticos”, ha seguido. Y sobre su pareja, González Amador, ha dicho: “También un ciudadano particular ve troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda, con escarnio, algo que es completamente ilegal por ser el novio de una adversaria política. Esto es un estado policial. Eso lo es”.

Ese mensaje no ha sido fruto de la improvisación, ni ha tenido nada de casual. Todo lo contrario. Ha sido preparado de antemano por la presidenta y su equipo. Así lo demuestran que Díaz Ayuso haya leído su intervención, y que su poderoso jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, se haya expresado casi al mismo tiempo en términos similares a través de un mensaje en la red social X (antiguo Twitter).

“España, estado policial”, ha escrito MAR, el acrónimo con el que se conoce al exsecretario de Estado de comunicación de José María Aznar. “Se violan los derechos civiles de un español [por González Amador]: la de Hacienda [por la ministra María José Montero] dice que sacará información reservada”, ha seguido. “Amenazas a la Prensa”, detalla Rodríguez, que precisamente amenazó con “triturar” al digital eldiario.es por investigar el caso que afecta a la pareja de la presidenta, y luego distribuyó un bulo sobre dos informadores de EL PAÍS. Y ha terminado: “Dijo el fiscal General: “tengo información de muchos políticos que no voy a usar”. Brutal amenaza. Estado policial. Van pá'lante!”.

Según los investigadores de Hacienda, González Amador declaró gastos que nunca tuvo su empresa por casi 1,8 millones de euros, lo que presuntamente le permitió eludir el pago de 155.000 euros en 2020 y 195.000 euros en 2021. Los abogados del empresario remitieron por correo electrónico el pasado 2 de febrero a la Fiscalía de delitos económicos una propuesta de conformidad donde, a cambio de aceptar los dos delitos fiscales y pagar una multa, le rebajarían la condena y evitaría la prisión. “Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, escribían los representantes de González Amador en esa comunicación. No obstante, las partes aún no han ratificado ningún tipo de acuerdo, y el juicio correspondiente no se ha celebrado aún.

Tras abrirse una nueva pieza para investigar si González Amador pudo cometer o no los delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios al presuntamente usar una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón, Díaz Ayuso ha hecho este miércoles una intervención durísima en la que también ha mencionado a la judicatura.

“Recordemos que el Constitucional y muchos órganos judiciales ya han sido colonizados por el Gobierno; recordemos el poder del ministro del Interior sobre la Policía; recordemos el abuso de las instituciones”, ha dicho, para luego destacar enre las características que a su juicio tiene un estado policial “vigilancia extrema; usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos; represión política: persecución y castigo de disidentes y críticos del gobierno y activistas; ausencia de derechos civiles restricciones significativas a la libertad de expresión, reunión y prensa; intervención judicial limitada”.

Pero no se ha quedado ahí. La presidenta de Madrid también ha dicho que en esos casos, “el sistema judicial no actúa de manera independiente o se intenta controlar para apoyar las acciones del gobierno”.

Y ha rematado, provocando una larguísima ovación entre el público: “Esto está ocurriendo en España a 23 de octubre de 2024. yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo, y que no lo haga, pero muchos ya hemos avisado”.

Los hechos que ha considerado la jueza para ampliar la investigación sobre González Amador, según el auto fechado este miércoles, se remiten al ejercicio fiscal de 2021, cuando el empresario comenzó a facturar con una nueva empresa propia sus negocios con su principal cliente, Quirón Prevención. Esa compañía era Masterman & Whitaker, que Amador adquirió en diciembre de 2020. Hasta entonces, el empresario se había valido de su sociedad Maxwell Cremona para esos servicios al gigante de la sanidad, que consistían en auditorías de los procesos de gestión. Masterman habría operado como una sociedad pantalla, según la inspección de Hacienda, que calificó esa operación de artificiosa, ya que esa empresa no tenía medios personales ni materiales para realizar esas auditorías. La jueza ha estimado que debe investigar si esta actividad podría ser o no constitutiva de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, tras un recurso de PSOE y Más Madrid.

La corrupción en los negocios se castiga en el artículo 286 bis del Código Penal con penas de entre seis meses a cuatro años, y la administración desleal, del artículo 252 Código Penal, conlleva penas de prisión de seis meses a tres años