Cuatro años de cárcel para el dueño de la pirotecnia ilegal que arrasó la aldea de Paramos: “Solo puedo pedir perdón”

Francisco González Lameiro, el responsable de un almacén pirotécnico ilegal cuya explosión en mayo de 2018 prácticamente arrasó con la aldea de San Xoán de Paramos, ha reconocido los hechos este jueves en la Audiencia Provincial de Pontevedra. La deflagración que afectó a este núcleo de 3.000 habitantes en el municipio pontevedrés de Tui causó la muerte a un matrimonio, casi 30 heridos y cuantiosos daños materiales por la onda expansiva. González Lameiro ha pedido perdón a las víctimas tras alcanzar una sentencia de conformidad de cuatro años de prisión por dos delitos de homicidio imprudente y 28 delitos de lesiones.

El pago de los daños e indemnizaciones que se cifran en unos 12 millones de euros se decidirá en la sentencia que dictará el tribunal. La mayor parte la sufragará la Administración y, en menor medida, la aseguradora de la pirotecnia. La discrepancia está en si la responsabilidad civil del acusado está cubierta por parte de Mapfre, con una prima de un millón y medio de euros. Todas las demás aseguradoras se han mostrado conformes con las cantidades reclamadas por el ministerio fiscal y no formulan oposición en cuanto a la responsabilidad penal.

“Solo puedo pedir perdón”, ha dicho el acusado al finalizar el juicio que ha evitado una condena mayor, la de 14 años que solicitaba la Fiscalía en su escrito de acusación. Además de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, el fiscal ha apreciado la comisión de otros tres delitos por haber contravenido las normas de seguridad establecidas y poner en peligro la vida, la integridad física, la salud de las personas y el medio ambiente. Por ello, también ha solicitado su inhabilitación para fabricar y manipular artefactos explosivos y le impone una multa de 3.780 euros.

Con esta sentencia pactada, el juicio se ha celebrado para dirimir la responsabilidad civil del acusado. El fiscal ha planteado que se deberá indemnizar con 140.000 euros a cada uno de los dos hijos del matrimonio fallecido, ambos menores de edad cuando perdieron a sus padres. También se deberá compensar a otros 36 vecinos de Páramos por los menoscabos físicos sufridos como consecuencia de la explosión, así como a 430 titulares de viviendas afectadas y a 76 propietarios de vehículos. Asimismo se prevé el abono de 780.232 euros por los daños materiales ocasionados a los servicios urbanos de la localidad.

El dueño de la Pirotecnia La Gallega almacenó el material pirotécnico en una nave propiedad de su suegro. Para el fiscal, “actuó con consciente menosprecio a la normativa sobre seguridad en materia de explosivos y pirotecnia, y total ausencia de medidas de seguridad para tener depósitos de material explosivo” y eludió “de manera intencionada el control administrativo”.

“Los vecinos quieren olvidar”

El presidente de la Asociación de Afectados de Paramos, Salvador García, ha celebrado que la vista supone “el final de un período muy triste para los vecinos”. García ha expresado su satisfacción por el hecho de que, aunque sea condenado a penas rebajadas, el acusado haya tenido que comparecer ante el tribunal. “Lo que no queríamos era que entrara en prisión por la puerta de atrás”, ha añadido.

Las viviendas del barrio de Paramos ya han sido restauradas y el próximo paso para normalizar las vidas de los afectados es resolver el pago de las compensaciones que faltan. “Los vecinos lo que quieren es pasar página y olvidar todo. El acusado ha manifestado un perdón que los vecinos agradecemos, sin duda, aunque llega tarde”, ha lamentado en declaraciones a Europa Press. “Este suceso no lo vamos a olvidar nunca porque lo que vivimos fue indescriptible. Por eso queremos cerrar ya todo el proceso judicial, para no tener que recordarlo constantemente, no tener que vivir todavía pendientes de este juicio”, añadió el portavoz de los afectados.

El abogado de los afectados por la explosión de Paramos, Calixto Escariz, ha explicado que la Audiencia Provincial de Pontevedra será la encargada de determinar en la sentencia el alcance de la responsabilidad civil. Ha recordado que no son solo las víctimas las que han presentado una reclamación, sino también la Administración, ya que fue esta la que adelantó una parte muy importante de los daños cuantificados. En concreto, unos 9 de los 12 millones estimados.

El dueño de la pirotecnia La Gallega y de uno de los almacenes que explotó en la localidad de Paramos pasó nueve meses en prisión después de la catástrofe que dejó a dos menores huérfanos y sin casa. La instructora de la causa lo dejó posteriormente en libertad con la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente, una medida que encendió a los afectados, con heridas, sus viviendas destruidas y algunos incluso sin medio de vida. La magistrada alegó que el mantenimiento de la prisión provisional resultaba “excesivo y desproporcionado”, mientras las víctimas se declaraban “impotentes y desamparadas” al ver cómo el autor de la catástrofe dormía en su casa antes que ellos. Cuatro días después de ser excarcelado volvió a prisión al descubrirse nuevos depósitos ilegales de material explosivo. La vista de este jueves ha cerrado el caso.