Dos detenidas por el contrabando a Rusia de material para fabricar aviones militares

Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron el pasado 15 de marzo en Gipuzkoa a dos mujeres, de 39 y 35 años, acusadas de un delito de contrabando de material de defensa por su presunta relación con una trama empresarial que intentaba hacer llegar a Rusia los componentes necesarios para la fabricación de las cabinas de sus aviones de entrenamiento militar, según ha informado este miércoles el Ministerio del Interior. Las arrestadas, una de nacionalidad ucrania y otra rusa, trabajaban para una sociedad radicada en Irún hace tres años que supuestamente formaba parte de una red internacional de contrabando dedicada a burlar las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) al régimen de Moscú desde 2014 por la invasión de la península de Crimea, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5, de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el ingreso en prisión de la detenida de nacionalidad ucrania, considerada una de las cabecillas de la red, y en cuyo domicilio de Hondarribia se ha encontrado abundante documentación que está siendo analizada. La otra arrestada, empleada de la empresa bajo sospecha, fue detenida en la localidad de Orio y ha quedado en libertad.

La bautizada como Operación Chelico arrancó en junio de 2021, cuando la actual invasión de Ucrania no se había producido, pero ya existían sanciones de la UE contra el Gobierno de Vladímir Putin, entre ellas la prohibición de exportar a Rusia productos y tecnología de doble uso, motores de drones, armas, munición, vehículos militares y equipos paramilitares. En una de las reuniones de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, organismo ante el que deben registrarse y pedir autorización todas las empresas que pretenden comercializar con países extranjeros cualquier tipo de componente susceptible de ser utilizado en la fabricación de armas, se detectaron supuestas irregularidades en una empresa dirigida por un matrimonio de origen ucranio cuyo objeto social declarado era la venta de recambios para la industria aeroespacial.

Las pesquisas, calificadas de “muy complejas” por fuentes cercanas a la investigación, determinaron que esta mercantil asentada en Irún era, en realidad, una pieza más de “un entramado que había diseñado una sofisticada ingeniería aduanera, a nivel internacional, para realizar operaciones en las que se declaraba que el destino de las mercancías eran países no sometidos a embargo, siendo realmente Rusia su destino final”, según ha explicado Interior.

Este tipo de operaciones de contrabando no son nuevas. Según un estudio del grupo de expertos del Royal United Services Institute, desde el comienzo de la invasión de Ucrania se han encontrado más de 450 componentes fabricados en el extranjero ―la mayoría elaborados por empresas de EE UU― en 27 equipos rusos destruidos o capturados por las fuerzas ucranias.

Una de las mujeres ahora arrestadas y su marido, actualmente en paradero desconocido, dirigían desde esta sociedad “una cadena de suministro de material aeronáutico militar, eludiendo los controles establecidos por la legislación vigente en esa materia y, por tanto, cometiendo un delito de contrabando”, añade la nota. El material nunca pasaba físicamente por España, pero la actividad de la compañía permitía camuflar tanto el destino final de los componentes como difuminar el rastro de los pagos con la ayuda de otras sociedades asentadas en paraísos fiscales.

Las detenciones se precipitaron el pasado 15 de marzo tras detectar los investigadores que estaba a punto de materializarse, desde otro país europeo que Interior no ha concretado, un envío de material que la industria armamentística rusa, muy afectada por el embargo, necesita para fabricar cazas de entrenamiento. En concreto, cristales y otros componentes utilizados en la construcción de las cabinas de estos aviones militares. Con la documentación intervenida, la policía intenta reconstruir otras operaciones similares de contrabando ya realizadas o que estuvieran en marcha en las que hubiera podido participar la empresa guipuzcoana, además de “proceder a la plena identificación, localización y detención de otros individuos implicados en estos hechos”, según señala Interior.