El número dos de Interior con Rajoy esquiva las preguntas sobre la Operación Cataluña

La comisión de investigación impulsada en el Congreso sobre la Operación Cataluña —la presunta trama urdida en el Ministerio del Interior cuando gobernaba el PP para construir acusaciones, en ocasiones falsas, contra dirigentes independentistas a partir de 2012— ha arrancado este martes con muchas preguntas y escasas respuestas. Francisco Martínez y Eugenio Pino, quienes fueran secretario de Estado de Seguridad y máximo jefe operativo de la Policía Nacional cuando gobernaba Mariano Rajoy y era ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, han esquivado las cuestiones. Martínez, que al igual que Pino está imputado y acusado en varios sumarios, se ha escudado en que parte de los hechos se encuentran judicializados.

Como punto de partida, el ex secretario de Estado ha negado que existiese una trama parapolicial para perseguir a personas en Cataluña desde Interior por razones ideológicas o políticas. “No existió nada de eso. El propio concepto ‘trama parapolicial’ no se corresponde con la realidad”, ha dicho quien fue mano derecha del entonces ministro Fernández Díaz. Pero, más allá de eso y de declaraciones sobre cuestiones “genéricas”, el exdirigente del PP ha rechazado ahondar en los detalles que los parlamentarios le han puesto sobre la mesa. Entre otras razones, según ha comentado, para poder ejercer adecuadamente su “derecho de defensa” en los tribunales.

Por su parte, de entrada, el comisario jubilado Pino se ha negado directamente a responder en la comisión: “Esta es una comisión política y produce efectos políticos. Por tanto, evidentemente no voy a declarar a absolutamente nada. Entre otras cosas, porque yo lo que pudiera conocer es en mi condición de policía y estoy obligado a mantener el secreto. No voy a declarar nada al respecto de algo de hace 10 años. Llevo ya ocho años jubilado. A estas alturas de mi vida no pienso declarar nada”, ha dicho.

Pino ha guardado silencio durante buena parte de los interrogatorios de los diputados. Aunque Gabriel Rufián, de ERC, ha logrado sacarle de sus casillas en algún momento —el antiguo agente ha amenazado, incluso, con irse de la comisión— y conseguir alguna respuesta.

—¿Es usted un corrupto? —le ha soltado el político secesionista.

—¿Y usted? —ha contraatacado Pino.

—¿Es usted un policía corrupto?

—En absoluto.

—Entonces, ¿por qué es la tercera vez que viene a una comisión relacionada con corruptelas?

—Ya le digo que no me gustaría venir; pero usted, entre otros, tiene esa afición.

[...]

—¿Por qué me trata de imbécil? —ha continuado Rufián.

—Esto pasa ya de castaño a oscuro [...] Yo, como policía y español, soy patriota.

—¿Por España lo haría todo?

—Todo es todo.

Pino también ha respondido escuetamente a Javier Ortega Smith (Vox). “¿Existió una operación policial, se llamara como se llamara, para investigar acciones presuntamente delictivas para llegar al objetivo de un golpe de Estado en Cataluña?”, le ha preguntado el diputado ultra, alineado con la tesis de defensa del antiguo jefe de la Policía. Y ha proseguido: “¿Es práctica habitual que la Policía Nacional investigue sospechas para intentar esclarecer la veracidad o no de hechos presuntamente delictivos?”, ha insistido Smith. “Sí”, ha dicho el comisario jubilado. “¿Actuó usted y sus subordinados en cumplimiento de la legalidad respetando el conducto jerarquizado que le correspondía?”. “Hicimos lo que corresponde y ordena la ley”. Con la misma intención, Rafael Hernando (PP) le ha preguntado: “¿Ha existido una trama parapolicial para perseguir a alguien en Cataluña en razón de su ideología política?”. “No”.

Francisco Martínez y Eugenio Pino constituyen dos ejes fundamentales para entender cómo funcionaba la cúpula del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional durante la época de Jorge Fernández Díaz. Ambos se encuentran acusados en el caso Kitchen por participar en la presunta trama urdida contra el extesorero popular Luis Bárcenas para robarle documentación sensible y boicotear así la investigación judicial del caso Gürtel que cercaba al PP —la Fiscalía les pide 15 años de cárcel por esos hechos—. Los dos también están imputados por la guerra sucia desplegada contra Podemos, por la que deben declarar en la Audiencia Nacional a finales de este octubre.

Estas maniobras oscuras, al igual que la Operación Cataluña, se atribuyen a la denominada policía patriótica, un grupo de agentes que funcionó presuntamente durante la etapa de Fernández Díaz al frente de Interior con el objetivo de perjudicar a rivales del PP. Su modus operandi incluyó la fabricación de pruebas y el intento de judicializarlas para destruir a sus oponentes mediáticamente, según la investigación. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido la única condena dictada hasta ahora por estas artimañas: un año de cárcel para Pino por introducir en el caso Pujol un pendrive de origen desconocido sin autorización judicial.

—¿Se arrepiente de haber utilizado el Ministerio del Interior para perseguir a adversarios políticos? —ha planteado la diputada Ione Belarra (Podemos) a Francisco Martínez, en referencia a la guerra sucia contra Podemos.

—Esa cuestión está judicializada —ha contestado el ex secretario de Estado.

Belarra no ha hecho ninguna pregunta concreta sobre la Operación Cataluña y ha centrado su intervención en las supuestas maniobras de espionaje contra su formación política: “¿Quién le dio las órdenes?”, ha espetado la parlamentaria. A lo que Martínez ha respondido: “Aunque esto le resulte decepcionante, existe un procedimiento abierto por estos hechos, que niego categóricamente”.

—¿Cree usted que se sabrá la verdad alguna vez? —le ha inquirido Pilar Vallugera (ERC).

—Me siento incapaz de contestar a eso. A mí me corresponde la parte que me corresponde. Yo me fui hace ocho años del ministerio. Ni siquiera viví el 1 de octubre [el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña]. Entiendo que hay una forma de saber la verdad o de aproximarse a ella, que es a través de las distintas resoluciones judiciales que se han dictado o se van a dictar —ha dicho Martínez.

“No es usted una amenaza”

Martínez ha incidido, sin entrar en casos concretos, en que no considera el independentismo como una “amenaza” en sí misma. “Solo el independentismo planteado como el incumplimiento de la Constitución, de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, entiendo que es un delito. Esa parte, no el resto”, ha subrayado el expolítico del PP. “No creo que usted sea una amenaza por ser independentista”, le ha dicho a Pilar Vallugera, diputada de ERC.

El ex secretario de Estado se ha referido brevemente a las desavenencias que ha tenido con Fernández Díaz desde que estalló el caso Kitchen, donde el exministro está acusado igualmente: “Hemos tenido caminos muy distintos. Nuestros caminos no se han vuelto a cruzar”.

Una amplia comisión

Los dos comparecientes de este martes inauguran una extensa comisión de investigación, por la que se prevé que pasen más de una veintena de personas. Además de los altos cargos policiales están citados antiguos responsables políticos de primera línea, como Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno; y cuatro miembros de su Ejecutivo: la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exministros María Dolores de Cospedal, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. También han sido llamados varios dirigentes independentistas presuntamente afectados por la trama: Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Cataluña; Oriol Junqueras, exvicepresidente autonómico; y Xavier Trías, exalcalde de Barcelona.

Durante su intervención, el diputado Ignacio Gil Lázaro (Vox) ha menospreciado la comisión de investigación, a la que ha calificado como parte del “lote” que Pedro Sánchez ha “pagado” a Carles Puigdemont para mantenerse en La Moncloa. “Este Gobierno ha sentado una mala práctica: revisar en comisiones de investigación las actuaciones de otros gobiernos. Ya veremos qué pasa en el futuro”, ha remachado Gil Lázaro.