Page instará a los diputados del PP de Castilla-La Mancha a apoyar la senda de déficit del Gobierno

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha instará este jueves al PP, y en particular a los 10 diputados del partido de Alberto Núñez Feijóo por esta comunidad en el Congreso, a apoyar “por encima de los intereses partidistas” la senda de déficit que proponga el Gobierno de Pedro Sánchez. La votación prevista para este jueves se ha suspendido, ante la posibilidad de que Junts pueda votar los objetivos de déficit en las negociaciones reabiertas con el Ejecutivo. El rechazo a los objetivos de estabilidad supondría la pérdida de 230 millones de euros en la comunidad que preside Emiliano García-Page para la educación o la sanidad pública los dos próximos años.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, el impacto en Castilla-La Mancha de otro rechazo a los objetivos de estabilidad sería de 113 millones en 2025 y de 117 millones en 2026. El presupuesto de la Junta para 2024 fue de 12.473,3 millones. El conjunto de las comunidades y ayuntamientos dejarían de percibir casi 12.000 millones. El presidente autonómico también pedirá el respaldo de la cámara para solicitar que en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará en Cantabria pero que todavía no tiene fecha, se incluya un punto en el orden del día con el fin de “alcanzar un compromiso de Estado para que la capacidad financiera de las autonomías no se vea afectada por las decisiones del Ejecutivo nacional”.

“Quiero hacer una llamada a la responsabilidad a todos los partidos, particularmente a la oposición y especialmente al PP, independientemente de lo que luego terminen haciendo con el presupuesto. Les pido que faciliten y apoyen los límites de gasto que nos pueden permitir al Estado a las autonomías y a los ayuntamientos, muchos gobernados por ese partido, para que nos permitan avanzar en políticas sociales. Si el PP no apoya, no apoya el techo de gasto que plantea el Gobierno, está literalmente induciendo a recortes sociales en las autonomías”, dijo el barón del PSOE hace dos semanas. Ante la falta de respuesta del PP, el grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha presentará este jueves una resolución para evidenciar las contradicciones del PP.

García-Page empleará así con el PP la misma estrategia que los populares vienen haciendo contra los socialistas de Castilla-La Mancha en las votaciones de los indultos a los condenados del procés, la reforma del delito de malversación y la derogación de la sedición o con la ley de amnistía. En todas esas ocasiones el PP ha presionado sin éxito al barón del PSOE –muy crítico con las concesiones de su partido al independentismo, hasta el punto de haber presentado un recurso contra la medida de gracia en el Tribunal Constitucional–, los nueve diputados nacionales y los seis senadores de Castilla-La Mancha para que rompiesen la disciplina de voto. El grupo parlamentario socialista, con mayoría absoluta, presentará una resolución en la que urge al PP a “atender a los intereses de la ciudadanía” de la región.

El 23 de julio el Congreso rechazó con los votos del PP, Vox, Junts y UPN la senda de estabilidad presupuestaria. El PP sigue sin moverse del no, pese a que gobierna en 12 comunidades más las ciudades de Ceuta y Melilla y en una treintena de capitales de provincia. Tres de cada cuatro españoles viven en comunidades presididas por el PP. “La decisión del PP recorta significativamente tanto inversiones como prestación de servicios a la ciudadanía en comunidades autónomas y municipios de toda España. Es obvio que ningún castellano-manchego, como ningún español, debe sufrir un deterioro de los servicios públicos por una actitud partidista ajena a lo que debe ser el interés general, que entendemos ha de primar sobre cualquier otro interés”, recoge la propuesta, que saldrá adelante con el voto de los socialistas dentro del debate que se realizará sobre el modelo de financiación autonómica, que se debería haber renovado en 2014.

“Como consecuencia de esta actitud del grupo popular en el Congreso, a la que se unieron los diputados populares de Castilla-La Mancha, nuestra Región tendría que reducir su capacidad financiera en 230 millones de euros los próximos dos años, lo que redundará negativamente en los servicios que nuestra comunidad autónoma presta a la ciudadanía”, destaca el escrito, en el que se incide en la merma millonaria que supondrá para las principales ciudades de la comunidad. “Este rechazo de la senda de déficit afecta también, de forma muy particular, a los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, destacando entre otros a los Ayuntamientos de Albacete (9,6 millones), Toledo (6,8 millones), Ciudad Real, Talavera y Guadalajara (4,7 millones), Cuenca (3,2 millones) o Puertollano (3 millones)”, detalla.

Los socialistas defenderán un sistema de financiación que garantice “la suficiencia financiera” y valore “adecuadamente el coste efectivo” de los servicios que son competencia autonómica. El nuevo sistema —Castilla-La Mancha es una de las comunidades peor financiadas— debería proporcionar la misma financiación por población ajustada a igualdad de competencias en todas las comunidades autónomas, “independientemente de su capacidad fiscal”. En ese sentido, se tendrían en cuenta variables que influyen de manera directa en el coste de la prestación de los servicios públicos como la superficie, la dispersión, la renta per cápita y la estructura por edades de la población.

La propuesta no hace ninguna alusión expresa al acuerdo de financiación singular para Cataluña pactado por el PSC y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa, aunque hay varias referencias que se entienden como una reacción al acuerdo con los independentistas. Por ejemplo, los socialistas de Castilla-La Mancha reclaman que el futuro modelo de financiación autonómica se negocie con carácter multilateral y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representados el Gobierno y las comunidades autónomas. Además de “no privilegiar” a unas comunidades sobre otras, se pide un fondo transitorio que compense temporalmente a las comunidades infrafinanciadas y una reestructuración de la deuda pública de cada región.