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El Gobierno necesitará amplias mayorías para cambiar una veintena de leyes de su plan de regeneración

Los socios ven insuficiente el proyecto del Ejecutivo, pero no hay un rechazo a los planteamientos

Los ministros Ernest Urtasun, Pilar Alegría, Félix Bolaños y Ana Redondo, este martes en rueda de prensa en La Moncloa.Foto: Claudio Álvarez | Vídeo: EPV

Una vez presentado el paquete de más de 30 medidas del plan de regeneración, que supone tocar una veintena de leyes —varias de ellas orgánicas, que requieren de mayoría absoluta para cambiarlas—, el Gobierno tiene ahora un difícil trabajo por delante. No solo para concretar las reformas que están únicamente esbozadas, sino sobre todo para buscar mayorías para aprobar cada una de ellas. El PP ya ha avanzado que tendrá muy difícil apoyarlas porque cree que suponen un ataque contra la prensa, aunque sí asumiría lo que está en el reglamento europeo que ellos mismos apoyaron en Bruselas. El Gobierno de coalición, que ha trabajado esta norma consultando a sus socios del bloque de investidura, confía en convencerlos para sacar adelante poco a poco y a lo largo de tres años las reformas, pero no será fácil. No irán en paquete, sino una a una, y muchas llevarán tramitaciones complicadas —es complejo tocar el Código Penal o la ley electoral—, por lo que habrá que hacer mucho trabajo parlamentario. Aun así, y pese a las reticencias iniciales y las críticas de varios socios que lo ven insuficiente, nadie dentro de la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno muestra una oposición radical al contenido.

De entrada, los socios ven deficiencias en el plan presentado por el Ejecutivo, aunque reconocen que es pronto para valorarlo en profundidad —en muchos casos aún no habían tenido tiempo de leer el documento—. En las primeras opiniones deslizadas a lo largo de la tarde los tonos varían de unos a otros y en realidad habrá que ver los apoyos que recaba el Gobierno medida a medida: a EH Bildu la música le suena bien, mientras que ERC tacha el plan de “decepcionante” y Podemos exige que incluya algunas de sus demandas, sobre todo en lo que se refiere a su cruzada particular de los medios de comunicación, como la declaración de intereses de presentadores y directores de programas.

El PNV lo considera “inconcreto”. Fuentes del grupo destacan que “no ha sido consensuado”, que “desconocen el contenido exacto” y critican al Gobierno por “lanzar medidas sin hablarlas con quienes dan apoyo parlamentario”. Propuesta a propuesta, el grupo vasco ve “ridícula” la que se refiere a la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, y sobre la reforma de la ley de secretos oficiales, avisan de que si se basa en el anteproyecto de 2022 del PSOE “implicaría que los plazos para desclasificar documentos llegarían incluso a doblar” los propuestos en la proposición de ley del PNV, actualmente en trámite en el Congreso. La reforma de esta norma es una de las demandas históricas de la formación.

Fuentes de Junts, partido acostumbrado ya a poner en jaque en cada votación al Ejecutivo, han comentado escuetamente que tendrán que valorarlo, aunque también hay críticas al plan. “Conociendo de lo que va esta gente será más maquillaje. Llevan cinco años en el Gobierno y no han dicho nada”, indican fuentes parlamentarias de la formación, que ponen el acento en que el Ejecutivo no actúa sobre los “jueces que prevarican” con la amnistía.

Desde EH Bildu señalan que “a primera vista” las 31 medidas del paquete legislativo van “en la buena dirección” al incluir algunas de las reclamaciones planteadas en la reunión de julio con los negociadores de la coalición, los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun. Entre ellas, están el hacer frente a los bulos y a la desinformación, aumentar la transparencia y poner en marcha medidas de apoyo a medios que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano. Con todo, fuentes de la formación esperan que en la tramitación parlamentaria puedan incluir más aportaciones y critican que no haya “novedades relevantes” en los anuncios sobre la reforma de la ley mordaza, que consideran “insuficiente”. “De ser así, los artículos más lesivos por los que la reforma no prosperó en la pasada legislatura seguirían intactos”. EH Bildu espera conocer más detalles sobre la reforma de la ley de secretos oficiales. “En el caso de que suponga recuperar los plazos y la propuesta que hizo el Gobierno hace dos años, no contará con nuestro apoyo”, advierten.

Mucho más contundente, ERC subraya que el plan es tan solo una “declaración de intenciones y muy tibia”. “El PSOE haciendo de PSOE. Pura decepción”, afirman fuentes del partido, que aunque esperan al trámite en el Congreso, observan “con preocupación” la propuesta. Los republicanos ponen algunos ejemplos, como que el documento reconoce que se debe abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que puedan afectar al derecho a la libertad de expresión y creación artística, “pero por ahora no hay concreción sobre cómo quedarán estos cambios”. “No sabemos si esto incluye la derogación de los delitos contra la Corona, tal como proponemos también desde ERC. Hay interpretaciones de toda índole”, indican. En Sumar, sin embargo, insisten en que sí incluye a esta institución, porque el texto del acuerdo menciona las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han reprochado a España perseguir a artistas por atacar a la Corona.

‘Ley mordaza’

Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, solo se menciona modificar un artículo para acabar con las sanciones por el uso y difusión de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Y no es cierto que esto signifique reformar nada, sino que es aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional”, añaden. Quedan fuera, subrayan, aspectos “fundamentales”, como una reforma integral de esta ley, que debe abordar la prohibición de las balas de goma, la revisión/eliminación de sanciones por faltas de respeto y desobediencia, y las llamadas devoluciones en caliente. Otra medida que no se detalla es la ley de secretos oficiales, ni tampoco se depuran las “cloacas del Estado”, inciden. “Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que este plan, por ahora, no es realmente un plan de regeneración democrática. Es pura decepción”.

En el Grupo Mixto, Podemos, que se ha convertido esta legislatura en un socio incómodo y en más de una ocasión ha puesto contra las cuerdas al Ejecutivo, ya ha advertido de que no apoyará el plan si este no incluye algunas de sus demandas, como una ley que recoja una declaración de intereses de los grandes presentadores y directores de programas que marcan la línea editorial en temas, por ejemplo, como la regulación del precio de los alquileres. En el mismo grupo, Coalición Canaria afirma que aún debe estudiar el texto; UPN critica su origen (“pretende generar desconfianza y falta de credibilidad de manera generalizada en lo que publican los medios y no es del agrado del presidente”, señalan fuentes del partido); y a falta también de un análisis más exhaustivo, el BNG celebra que el Gobierno haya incluido alguna de sus reivindicaciones, como la derogación de los delitos contra los sentimientos religiosos o la obligatoriedad de celebrar debates, entre otras.

Poco margen del PP

Poco margen de negociación tiene a priori el Gobierno con el PP, partido mayoritario de la Cámara baja, que este lunes llegó a comparar a Pedro Sánchez con Nicolás Maduro —aunque sin mencionarlo expresamente—, tras avanzar el plan de regeneración en el Congreso. Una vez conocidas las primeras líneas del “plan de acción democrática”, los populares se reafirman en su rechazo y tratan de establecer una conexión directa con las “investigaciones judiciales” contra el Ejecutivo, el PSOE y el entorno familiar de Sánchez, en referencia a la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez. “¿Reglamento europeo de medios? Sí, claro, pero ni más ni menos. Que no pretenda el Gobierno aprovechar esa adaptación a la normativa europea para colar por la puerta de atrás algún elemento que vaya en contra precisamente de los principios que defiende Europa. Si lo hace, tiene que saber que nos tendrá enfrente y que le pararemos los pies”, enfatizó el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, este lunes en rueda de prensa. Eso sí, el PP mantiene una posición abierta respecto a la parte que afecta a la normativa europea y esperará a conocer el contenido concreto para tomar una decisión.

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