Cinco años en el laberinto del poder judicial: “Lo que está pasando es una anomalía democrática sin parangón en ningún país de Europa”

Han pasado tantos años ya que casi nos hemos acostumbrado a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, no se renueve. Debió hacerse en diciembre de 2018. Pero no sucedió entonces, ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023… No había pasado antes: un órgano constitucional encallado y con un mandato caducado durante cinco años y medio. Parece que ahora hay una nueva oportunidad de acuerdo, que el PP y el PSOE han vuelto a negociar mientras la Unión Europa presiona y pide una propuesta sobre la mesa para seguir mediando, pero no está claro que vaya a llegar a buen puerto. De fondo, el ultimátum dado por Pedro Sánchez: si no hay acuerdo antes de final de mes cambiará la ley. Mientras tanto, la carrera judicial está llegando a su punto máximo de hartazgo y pide un acuerdo con urgencia. Todos son conscientes de la situación de excepción que se está viviendo, y que no puede prolongarse más. “Lo que está pasando es una anomalía democrática de una gravedad extraordinaria, extrema”, es una frase que repiten casi palabra por palabra todas las asociaciones de jueces.

”Es urgente y necesario que haya un acuerdo ya entre el PSOE y el PP”, dice María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria. “Los partidos tienen la responsabilidad legal de decidir y de renovar el Consejo. Que lo hagan. Es su obligación. Este problema no se puede seguir arrastrando. Lo que está pasando afecta a la imagen de los jueces, al día a día de nuestro trabajo… Esto no se sostiene, y hay que salir de una vez de este pozo”. “Esta situación es una anomalía sin parangón en ningún país de Europa”, señala Sergio Oliva, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria.”Todo el sistema se basa en la buena fe de los partidos, no puede convertirse en un arma de boicot del PP”, añade Edmundo Rodríguez, portavoz de la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD). “Va a costar mucho arreglar estos cinco años de deterioro institucional”. “La situación es absolutamente insostenible para la justicia en España y la prueba de que el sistema ha fracasado”, señala Fernando Portillo, portavoz y presidente del Foro Judicial Independiente. “Y ha causado un daño que ya veremos si es reversible. La imagen que ha quedado ante la ciudadanía es la de un CGPJ que está al servicio de los partidos y no del buen gobierno de los jueces”. La APM tiene casi 1.500 afiliados. La centrada Francisco de Vitoria tiene 950. Jueces y Juezas para la Democracia, 500. Y el Foro Judicial Independiente, 350. Hay unos 5.500 jueces y magistrados en España, así que, según estos datos aportados por las propias asociaciones, el 60% estaría afiliado a alguna de ellas.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Jueces y Juezas para la Democracia apunta que siempre hay problemas cuando el Partido Popular está en la oposición, que es quien siempre se niega a cumplir la ley. La APM dice que no culpa a ningún partido, sino a los dos, por incumplir con su obligación legal y constitucional de ponerse de acuerdo. Los hechos: el Consejo General del Poder Judicial se ha renovado en tiempo en forma a lo largo de la democracia siempre salvo en cuatro ocasiones: y en tres de ellas fue el PP quien se negó a alcanzar un acuerdo estando en la oposición, ante la perspectiva de perder representación en el órgano de gobierno de los jueces.

Pasó en noviembre de 1995 (con Felipe González en el Gobierno y José María Aznar como líder de la oposición) y la situación llevó incluso a la dimisión de seis vocales. Finalmente, se renovó en junio de 1996. En noviembre de 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente y Mariano Rajoy en la oposición, se produjo el retraso más largo hasta el actual: un año y 10 meses. El secretario general del PP, Ángel Acebes, dijo que no serían cómplices en la ocupación de la justicia por parte del PSOE y de los nacionalistas más radicales.

Ahora, en el caso más largo y más grave hasta la fecha el PP se ha negado a renovar durante cinco años y medio. Una situación inédita. Hubo un acuerdo en 2018 que se frustró cuando se publicaron los whatsapps de Ignacio Cosidó, portavoz popular en el Senado, vanagloriándose de que la elección de Manuel Marchena como presidente permitiría controlar “desde atrás” la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Casi se llegó a otro acuerdo en 2022… que acabó muriendo cuando sucedió algo que nada tenía que ver con la renovación del Consejo: la reforma del delito de sedición por parte del Gobierno.

Por empezar por el principio: el Consejo General del Poder Judicial no forma parte del Poder Judicial: es el órgano de gobierno de los jueces. Su composición está determinada en la Constitución, en el artículo 122: está presidido por el presidente del Tribunal Supremo y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años (de forma que el periodo no coincide con los mandatos legislativos). De ellos, 12 se tienen que nombrar entre jueces y magistrados, pero la Constitución no dice cómo: se remite a la ley. Sobre los otros ocho sí es clara: deben ser abogados y juristas de reconocida competencia y nombrados cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado por una mayoría muy reforzada, de tres quintos. Se trataba así de que los partidos llegaran a un consenso sobre personas con una trayectoria intachable que pudieran ser aceptados por todas las tendencias políticas.

La primera Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1980, estableció que los 12 vocales jueces fueran elegidos por los propios jueces. En 1985, durante el gobierno socialista de Felipe González y ante el conservadurismo de una judicatura recién salida de la dictadura, el sistema se cambió: los 12 vocales se elegirían también por el Congreso y el Senado con mayoría de tres quintos. La entonces Alianza Popular votó en contra y recurrió la ley al Tribunal Constitucional, que avaló la constitucionalidad de la norma, pero advirtiendo de que el nuevo sistema, si no se aplicaba bien, podía suponer la politización del órgano y comprometer su apariencia de imparcialidad y autonomía.

La elección por las cámaras legislativas de los 12 vocales jueces y magistrados “puede ser, en efecto, una vía de acceso al Consejo de posibles tensiones políticas propias del ámbito parlamentario pero impropias de un órgano que ha de garantizar la independencia de jueces y magistrados”, decía aquella sentencia del Constitucional. “El riesgo de politización del Consejo se incrementa si se considera que la elección de los vocales del Consejo por las Cámaras puede llevar a que los jueces elegidos sean considerados por la opinión pública como portavoces de los intereses de los partidos que les propusieron”.

A partir de ahí el sistema nuevo, con partidarios y detractores, ha funcionado hasta hoy. Y, cuando ha gobernado el PP, no lo ha cambiado teniendo mayorías parlamentarias suficientes para hacerlo.

El modelo es el siguiente: las asociaciones presentan sus propuestas de nombre y, sobre esa lista, los partidos se ponen de acuerdo. Los nombres actuales llevan sobre la mesa desde agosto de 2018. Eran 50 en ese momento, de los que, cinco años después, aún hay unos 35 que podrían ser elegidos, que no se han jubilado y siguen en la carrera.

“Hay algo sorprendente, y es que ninguno de los presidentes de las Cámaras, ni del Congreso ni del Senado, haya convocado durante estos cinco años plenos para forzar una votación y desbloquear la situación”, opina del Barco, de la APM. “Quizá no hubiera servido para nada, pero desde luego habría sido un elemento de presión. Lo que había que hacer era buscar salidas para esta situación absolutamente anómala”. Es una opinión bastante compartida por las fuentes consultadas: que el Parlamento podía haber hecho más por visibilizar la grave anomalía que se está produciendo.

¿Cómo se han vivido desde dentro estos cinco años? “Hemos seguido trabajando de forma intensa”, asegura Álvaro Cuesta, vocal propuesto por el PSOE y en el cargo desde 2013. “Y hemos tratado de gestionar con eficacia todo lo que afecta a la carrera judicial. Quiero reivindicar muy especialmente todo lo que se hizo durante la covid”. Ante la situación tan anómala que suponía la no renovación, el presidente del órgano, Carlos Lesmes, dimitió en octubre de 2022. La vocal progresista Concha Sáez lo hizo en marzo de 2023. Pero no lograron mucho. Cuesta intentó que lo hicieran unos cuantos más. “Pero no hubo acuerdo”, recuerda. “A algunos les parecía una decisión demasiado radical, irresponsable. Algunos señalaron que podía ser incluso delictivo… No me secundó nadie, y creo que el gesto, individualmente, no sirve. La prueba está en que dimitieron Concha Sáez y Carlos Lesmes y aquí seguimos. En todo caso, tienen que renovar ya. Lo que está pasando es propio de una democracia fallida, es una situación de extrema gravedad. Además, es injusto con los jueces. Porque si algo me ha quedado claro durante todos estos años en el Consejo es que en España tenemos una carrera judicial de excelencia, independiente y que pone un celo extraordinario en su función”.

“Desde luego estamos viviendo una anomalía institucional que ha provocado que nuestra situación como vocales no haya sido nada cómoda”, señala Juan Martínez Moya, juez y vocal propuesto por el PP . “Me he sentido legitimado en mi ejercicio, pero muy incómodo. Los temas del gobierno del poder judicial son temas de Estado, y deben estar por encima de las luchas partidistas. Pero estamos asistiendo a una situación de mucho deterioro y se ha producido un daño muy ―grande que pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en la justicia. El Parlamento debe ejercer sus funciones con responsabilidad y decidir”.

¿Hay que cambiar la ley? El PSOE defiende a ultranza el modelo actual. El PP, que hay que regresar a que sean los jueces quienes elijan a los 12 vocales judiciales aunque ―aunque hay que volver a recordar que no lo cambiaron ni gobernando con mayoría absoluta―. Tres asociaciones, la APM, la Francisco de Vitoria y el Foro defienden también la elección por parte de los jueces. JJpD apuesta por el sistema actual, pero con algunos cambios para que una situación de bloqueo como la actual no pueda volver a producirse.

Pero, en todo caso, APM, Francisco de Vitoria y JJpD son claros en un punto: renuévese el órgano ya, con la máxima celeridad, porque el propio sistema democrático está en juego, y luego ya hablaremos de posibles reformas y de cambios de modelo. Pero cúmplase la ley vigente sin más retrasos ni excusas.

Una primera reforma de la que se habla trataría de impedir que algo así pueda volver a ocurrir. “La ley tiene que cambiarse para que una vez se cumplan los mandatos de cinco años cesen de inmediato todos los vocales para que no haya ninguna tentación de bloqueo”, defiende Rodríguez, de la JJpD. “Pueden quedar una, dos o tres personas para asuntos de trámite, pero sin ninguna competencia más. Y habrá que buscar fórmulas como que si en un plazo determinado no se eligen los vocales, la decisión se tome por mayoría absoluta en vez de la reforzada de tres quintos de las Cámaras. Lo que no puede volver a pasar es algo así”.

Por otro lado, está la cuestión de quién elige a los 12 vocales jueces. “Nosotros defendemos que la elección siga siendo parlamentaria porque nos parece más democrático que la soberanía popular participe en la elección del órgano de gobierno de un poder del Estado, pero incluso manteniendo el sistema actual se pueden revisar procedimientos para que la ciudadanía no tenga la sensación de que los políticos quieren controlar a la justicia”, señala JJpD.

“Yo he creído siempre y sigo creyendo en este modelo de Consejo, en la elección parlamentaria”, opina el vocal Cuesta. “Creo que el órgano de gobierno de un poder del Estado no puede quedar en manos de un sector profesional. Pero hay que ver lo que se hace para que no pueda volver a producirse una situación como la actual. Y si se trata de mejorar el modelo, se pueden hacer muchas cosas como que el Parlamento haga una valoración mucho más profunda de los candidatos o que el sistema de nombramientos del Consejo esté mucho más objetivado. Pasados 45 años de trayectoria constitucional, claro que se pueden plantear cambios, y podemos aprender de los errores cometidos”.

Las otras tres asociaciones judiciales abogan por un cambio en la fórmula. “Nosotros creemos que el modelo actual ha fracasado”, opina Sergio Oliva, de Francisco de Vitoria. “Lo que hemos visto todos, a lo largo de las últimas décadas, es que los partidos quieren tener su cuota de poder en el Consejo General del Poder Judicial sea como sea. Hay una evidente falta de apariencia de independencia e imparcialidad. Ya avisó el Tribunal Constitucional de que el sistema podía pervertirse si se usaban criterios partidistas. Y ha sucedido tal cual. El sistema parlamentario podría ser válido, pero su ejecución no lo ha sido. Se ha pervertido el sistema porque los partidos políticos empezaron a repartirse cromos y a buscar a gente afín. Los políticos no han estado a la altura de las circunstancias. Y luego las consecuencias las pagan los jueces de base, que se ven afectados por el desprestigio de la imagen de la justicia”.

“Se repite siempre que la judicatura es muy conservadora, pero la realidad de la carrera judicial no es la de 1980″, señala Oliva, algo en lo que están de acuerdo la APM y el Foro, que aseguran que, en 2024, los jueces son ideológicamente diversos. “Nosotros defendemos un sistema mixto en el que los ocho juristas sean elegidos por las Cámaras y los 12 jueces, por los jueces. Así se hace en países como Portugal, Francia o Italia. Y habría fórmulas para que la elección entre los jueces no la copen las asociaciones, y sus cúpulas, y se garantice la pluralidad y siempre haya presencia de no asociados; sería cuestión de analizar la mejor fórmula”.

“El modelo actual no funciona”, señala Portillo, portavoz y presidente del Foro, los únicos que defienden un cambio legal antes de la renovación actual “para no perpetuar los problemas”. “Un sistema que permite que se produzca un bloqueo de cinco años y medio no es el correcto”, argumenta. “Yo planteo una cosa: el Consejo tiene muchas competencias como órgano administrativo, gubernativo, de funcionamiento interno de la carrera. ¿No tiene sentido que, teniendo esto en cuenta, podamos ser los propios jueces los que elijamos a los 12 vocales judiciales cuando ya hay 8 elegidos por el Parlamento? Es un órgano técnico para un poder del Estado técnico: por eso a los jueces se les piden una serie de conocimientos y no se les vota. ¿Qué interés tienen los políticos en elegir a quienes van a decidir sobre las excedencias y licencias y asuntos del día a día de los jueces? Ninguno. ¿Qué les interesa? Los nombramientos de la cúpula judicial, del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia. Ahí está la clave de todo. Ese es el tesoro oculto”.

Pero, sobre todo, el Foro pide objetivar mucho más los nombramientos y quitar discrecionalidad al Consejo General del Poder Judicial, se elija como se elija. “Nosotros queremos que sean los jueces quienes elijamos, con las correcciones que sean necesarias para garantizar la diversidad ideológica, pero lo que nos parece crucial es la objetivación de los criterios por los que alguien asciende, y que sería clave también, por ejemplo, para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, a las que aún les cuesta llegar a las cúpulas de poder”.

Hay quien propone también vías mixtas: que los jueces voten un número determinado de vocales, más de 12, y que sobre ellos elija el Parlamento. O que, ante la falta de acuerdo para renovar el órgano, se pase a un sorteo que impida el bloqueo eterno.

En todo caso, hay un mensaje casi unánime: hay que acabar ya, de una vez por todas, con lo que se ha convertido en una de las mayores anomalías que se han vivido desde la reinstauración de la democracia. La ley tiene que cumplirse, el Consejo General del Poder Judicial se tiene que renovar y se debe recuperar, como sea, la credibilidad de la institución y su apariencia de independencia e imparcialidad.