Por decreto

En Perú, desde 1963 cada año lleva un nombre: 1970 fue el decentísimo Año de los Precursores de la Independencia; 1991, el inquietante Año de la Austeridad y la Planificación Familiar; 1996, el insólito Año de los 600.000 Turistas. El Gobierno de Alejandro Toledo nombró 2002 Año de la Verdad y la Reconciliación Nacional. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que investigaba los hechos de violencia sucedidos allí entre 1980 y 2000, estaba en plena tarea y es probable que la palabra “verdad” diluyera la cuota siniestra que aporta siempre en América Latina lo de “reconciliación nacional”: en esta parte del mundo, cuando sobreviene el período posterior a aquel durante el cual el Estado devino máquina de masacrar ciudadanos, la palabra “reconciliación” se traduce como “impunidad para los victimarios”. En 2017 —Año del Buen Servicio al Ciudadano—, el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue sometido a juicio por su presunto vínculo con el caso Odebrecht. En diciembre, un puñado de votos, entre ellos de fujimoristas, evitó su destitución. “Mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia —tuiteó él, contentísimo—: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú”. Tres días después dejó claro de qué hablaba y concedió el indulto “por razones humanitarias” al expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, entre ellos las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. El 6 de enero, Kuczynski bautizó 2018, por decreto supremo, Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional. Durante su juicio político había pedido a los congresistas que no apoyaran su destitución “sin sustento, porque el pueblo no olvida ni perdona”. En efecto: ni olvida ni perdona. Y menos por decreto. Pero parece que se le olvidó.