La Fiscalía acusa al antiguo presidente de EDP de corromper a un ex ministro de Economía de Portugal

Después de 12 años de investigación, la Fiscalía portuguesa ha acusado al ex presidente ejecutivo de EDP, António Mexia, y al antiguo responsable de EDP Renovables, João Manso Neto, de corromper al ex ministro de Economía e Innovación, Manuel Pinho, y otros altos cargos de su departamento. Pinho, que ocupó la cartera en el Gobierno del socialista José Sócrates entre 2005 y 2009, tomó decisiones que beneficiaron los intereses de la energética y lesionaron los intereses del Estado. El perjuicio causado a la administración pública superó los 840 millones de euros, según informó en un comunicado el Ministerio Público, que ha solicitado la confiscación de bienes de los imputados y de la energética valorados en un montante igual al daño económico provocado.

A cambio de recibir sin concurso público la concesión de dos embalses en el Alentejo y otras compensaciones del Estado por la finalización anticipada de contratos de adquisición de energía, EDP donó a través de la empresa Horizon 1,2 millones de euros a la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, de forma que se facilitase la contratación de Manuel Pinho como profesor visitante entre 2010 y 2012. La relación entre el presidente ejecutivo de EDP, António Mexia, y el ministro de Economía era estrecha desde hacía años: ambos habían trabajado juntos como ejecutivos del Banco Espírito Santo. Además, Mexia apadrinó a una de las hijas de Pinho.

En su comunicado, la Fiscalía señala que el entonces ministro de Economía apoyó el nombramiento de António Mexia como presidente ejecutivo de EDP “y favoreció indebidamente a esta empresa mediante contrapartidas”. “A ese acuerdo, que ambos hicieron, se adhirieron los restantes imputados, que lo materializaron también mediante contrapartidas”, añaden.

Además de António Mexia y João Manso Neto, que están acusados de corrupción activa, el Ministerio Público ha imputado por corrupción pasiva al ex ministro Pinho, al antiguo director general de Geología y Energía, Miguel Barreto; y dos miembros entonces del gabinete del ministro de Economía, João Conceição y Rui Cartaxo. Este último dirigió entre 2009 y 2014 la Red Eléctrica Nacional (REN), mientras que Conceição es administrador ejecutivo de la misma empresa desde 2009. En mayo de este año, a pesar de que ya estaba imputado en el caso EDP, renovó su mandato hasta 2026. En la actualidad, el principal accionista de REN, que fue privatizada en sucesivas oleadas, es la empresa State Grid of China.

En 2007 EDP logró la concesión para gestionar durante 35 años los embalses de Pedrogão y Alqueva, en el Alentejo, sin concurso público. En el contrato firmado se daba también luz verde a la ampliación de la explotación hidroeléctrica. El pantano de Alqueva está considerado el mayor lago artificial de Europa con 250 kilómetros cuadrados de extensión. El Tribunal de Cuentas concluyó en una auditoría presentada en 2016 que el contrato “no salvaguardó debidamente el interés público”.

La otra decisión que dañó los intereses del Estado fue, según la Fiscalía, la transición de los Contratos de Adquisición de Energía (CAE) en una treintena de centrales a los Costes de Manutención del Equilibrio Contractual (CMEC), que fueron “sobrevalorados”. Esta transición fue acordada con motivo de la creación del mercado ibérico de la electricidad. EDP aceptó el cambio de modelo a partir de 2007 a cambio de recibir un pago adicional a los ingresos que obtendría por la venta de electricidad en el mercado. Fue precisamente esta transición la que provocó la presentación de denuncias anónimas ante el Departamento Central de Investigación y Acción Penal hace 12 años.

En junio, un tribunal portugués condenó a Manuel Pinho a 10 años de cárcel por corrupción, blanqueamiento de capitales y fraude fiscal en un proceso que fue una derivada del caso EDP. Los jueces consideraron probado que el ex ministro recibió casi cinco millones de euros a cambio de favorecer los intereses del Grupo Espírito Santo (GES, propietario del Banco Espírito Santo), que presidía el poderoso Ricardo Salgado, en detrimento de los intereses generales del país. Salgado es el principal acusado en el juicio por el hundimiento del BES, que ha comenzado en Lisboa hace pocos días.

El exministro recibió al poco tiempo de llegar al Gobierno medio millón de euros, sumados a una transferencia mensual de 15.000 euros que le abonó el grupo empresarial durante cuatro años en una cuenta en Panamá. El dinero se ocultó en empresas offshore con el conocimiento de la esposa de Pinho, que también fue condenada en este proceso. “El sospechoso sabía que al aceptar ventajas pecuniarias que no le correspondían mercadeaba con el cargo público, poniendo en causa la confianza pública”, se recoge en la sentencia.