La Seguridad Social matiza que las bajas flexibles serán una reincorporación gradual al trabajo una vez se tenga el alta

Los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han iniciado este lunes una nueva negociación con los empresarios y los sindicatos, esta vez para reformar el actual esquema de incapacidad temporal (IT) de los trabajadores. Sin embargo, antes de entrar en materia, la agenda del día llegaba marcada por la polémica idea lanzada por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, hace unos días, consistente en crear una nueva modalidad de baja “flexible” que permita, en determinados casos, compatibilizar parcialmente la situación de incapacidad temporal con el trabajo. Esta propuesta fue rápida y severamente criticada por los sindicatos y por los ministerios de Sumar (Trabajo y Sanidad), entre otros.

Por eso, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, que ha capitaneado la reunión, se ha apresurado a matizar esta idea. Lo que la ministra denominó como una baja más flexible —“que no sea estar de alta o estar de baja”, llegó a decir— ha cambiado al concepto de “reincorporación gradual” o “progresiva” una vez que el facultativo considere que el trabajador ya puede recibir el alta médica.

“El alta debe producirse en el momento en el que se ha recuperado la salud”, ha indicado Suárez, tras insistir en que “hay situaciones en las que la reincorporación gradual es la fórmula más efectiva para garantizar una mejora de la salud de los trabajadores”, especialmente en los procesos de incapacidad de duración media o larga. De esta forma, ha resaltado que será únicamente los médicos de atención primaria los que determinen cuándo un trabajador está ya recuperado y sería en ese momento cuando “se habilitaría el derecho a una vuelta progresiva a la actividad profesional”. Según ha justificado Suárez, “para una persona, después de haber estado de baja durante muchos meses, pues realmente puede ser muy problemático el que la reincorporación al puesto de trabajo sea completa y en los mismos términos que antes de la baja”.

Pero esta aclaración no ha calmado del todo las aguas entre los agentes sociales, ya que en el encuentro de este lunes —que ha sido calificado de “muy bronco” por alguno de los asistentes— ninguno se ha mostrado plenamente a favor de seguir explorando esta cuestión. “Si en algo hemos estado de acuerdo hoy los empresarios y los sindicatos ha sido que en el desacuerdo respecto a esta propuesta”, ha dicho la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, quien sí ha valorado que el Ministerio, “al menos ha cambiado el discurso, porque habían generado una alarma social innecesaria”.

Más duro ha sido el secretario de Seguridad Social de CC OO, Carlos Bravo, quien ha criticado que el Gobierno no haya dado este lunes más detalles sobre este asunto. “No ha habido ningún cambio porque no han presentado ninguna propuesta, cuando lo hagan lo valoraremos”, ha señalado Bravo, para luego arremeter contra la actitud de los responsables ministeriales: “La peor manera de abordar esta cuestión es como se está haciendo, de manera frívola e irresponsable”.

En cualquier caso, los responsables sindicales han coincidido en que solo aceptarán cambios en la fórmula en la que se de a los trabajadores de alta si con ello se aumentan los derechos laborales. “No vamos a poner en marcha ningún sistema que empeore las posibilidades de recuperación de una patología oncológica, ni de salud mental ni traumatológica, ni de cualquier otro tipo”, ha enfatizado Carlos Bravo.

Dicho todo esto, la reunión de este lunes ha servido para constituir el grupo de trabajo que estudiará posibles cambios en la incapacidad temporal, ante el número creciente de bajas que se viene produciendo, sobre todo, desde la pandemia. Este aumento de las incapacidades temporales se ha convertido últimamente en una de las principales preocupaciones para las empresas —que abonan los primeros 15 días de baja por contingencias comunes— y para las arcas públicas, para las que el año pasado supuso un gasto de más de 14.000 millones de euros (el equivalente a más de una nómina mensual de pensiones). Aunque en el encuentro de este lunes no se ha hablado de gasto, aseguran fuentes de la Seguridad Social.

En este sentido, desde CC OO resaltan que pese al aumento del coste de las bajas, éste se mantiene de forma estable el peso relativo que suponen respecto del conjunto de prestaciones contributivas del sistema de Seguridad Social (7,8%). “Por tanto, los datos no justifican los discursos alarmistas que desde algunos sectores se vienen haciendo con la excusa de imponer recortes en este derecho”.

Este grupo de trabajo tiene dos cometidos ahora, hacer el seguimiento de los convenios que podrán realizar las comunidades autónomas con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para agilizar los diagnósticos y los tratamientos de los trabajadores de baja por enfermedades de origen traumatológico; y, en segundo lugar, estudiar los datos sobre los indicadores y procedimientos técnicos (duración de las bajas, cuánto tarda en responder la Inspección médica etc.) facilitados por el Ministerio, para estudiar posibles mejoras en próximos encuentros.