Choque de legitimidad: los sindicatos reclaman respeto a sus acuerdos y parte del legislativo se revuelve

El equilibrio de mayorías en el Congreso hace sufrir al Gobierno en muchas votaciones parlamentarias, y a encajar más de una derrota. Ese es el destino que ahora se cierne sobre la última parte de la reforma de pensiones si no cambian las posiciones anunciadas por los socios nacionalistas de izquierdas y también por el PP. Los primeros han protagonizado esta semana un choque con los sindicatos que refrendan el acuerdo. Lo dejó patente ya el lunes el diputado de ERC Jordi Salvador: “Vemos la intención de hurtar al legislativo el derecho de discutir. ¿No podemos opinar del modelo laboral y de pensiones?”, aseguró. Y en términos parecidos se expresaron representantes de Bildu o del BNG, cuyo diputado Néstor Rego criticó que “se sacralice lo que se acuerde en el diálogo social”. El debate que plantean va más allá de las pensiones. Es más profundo: ¿deben los grupos políticos aceptar sin más los acuerdos que alcanzan sindicatos y patronales? ¿cuánto margen hay para modificar esos acuerdos en el debate legislativo?

Los argumentos de la izquierda nacionalista encontraron respuesta en los jefes sindicales esta semana. “Cuidado con descartar la importancia de lo que hemos presentado hoy”, dijo Unai Sordo, el secretario general de CC OO, tras escenificar el acuerdo de prensiones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pepe Álvarez, su homólogo en UGT, entró al fondo del asunto: “España no puede ser rehén de las diferencias políticas que hay en nuestro país. El Parlamento no puede secuestrar derechos de los trabajadores, que normas que han sido pactadas por los agentes sociales no vean la luz”.

Toni Ferrer ha estado en las dos orillas de este debate. Fue secretario de acción sindical de UGT de 1995 a 2016 y senador por el PSOE de 2019 a 2023. “Este es un problema antiguo, que ha sucedido más veces”, recuerda, antes de señalar que “aquí aparecen dos poderes, que precisamente van seguidos en la Constitución”. Se refiere al artículo 6 (”los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”) y al artículo 7 (”los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”). Cree que son “dos legitimidades distintas, que no contrapuestas”.

Es una opinión similar a la de Joan Coscubiela, abogado y profesor del Derecho del Trabajo, secretario general de CC OO en Cataluña de 1995 a 2008 y diputado de Iniciativa per Catalunya en el Congreso y el Parlament de 2011 a 2017. Considera que “desde una perspectiva estrictamente jurídica no hay duda de que la última palabra la tienen las Cortes”. Pero, a la vez, matiza: “Hay que tener en cuenta cuándo algo llega al Parlamento como fruto de la concertación social, en base a la legitimidad del artículo 7. No es razonable que, en una época en que cuesta tanto llegar a acuerdos, se rechacen de forma global. Se debe poner en valor el pacto de quienes mejor conocen el sistema y que son los financiadores principales (trabajadores y empresarios, que abonan las cuotas a la Seguridad Social). ¿Significa esto que no se pueda tocar nada? Eso sería negar el papel del Congreso y el Senado, un error. Para eso están las enmiendas”.

“Existe un concepto de la política muy limitado a lo parlamentario, muy aristocrático. La concertación social es un expresión del Estado social y de derecho, profundiza en la calidad democrática del país”, agrega Coscubiela. A la vez, cree que la política “debe hacer el esfuerzo de hacer compatibles las dos legitimidades, la del diálogo social y la legislativa”. En ese rol, por su experiencia en múltiples negociaciones, Ferrer subraya el papel del Ejecutivo: “El Gobierno tiene que hacer un trabajo de comunicación con lo grupos, decirles de qué se está hablando y por dónde irá el acuerdo, para no pactar algo que luego no vaya a salir”. Justo de esto se quejan habitualmente los partidos nacionalistas, que dicen enterarse de las novedades por la prensa.

Fuentes de CC OO insisten en la línea que plantea Ferrer: “Tenemos mucha experiencia en negociar y sabemos que se debe avanzar en dos carriles, que se hable con nosotros y las patronales y esto se acompañe de un espacio de contraste permanente con los grupos políticos. El Gobierno debe manejar esas claves. Nosotros podemos tratar de convencer a los grupos y acompañar, pero no podemos hacerle el trabajo [al Gobierno]. No queremos que nos usen como un ariete contra nadie”. A la vez, expresan su “preocupación” por “un proceso de tacticismo permanente, que se usen votaciones de calado para cuestiones ajenas, como lo que ha hecho Junts con los alquileres”. Es decir, “es normal que jueguen su papel como expresión de la ciudadanía, pero que sean rigurosos al tumbar acuerdos muy trabajados, con muchos equilibrios”.

Fernando Luján, ahora en el rol que Ferrer ocupó durante años en UGT y principal negociador del sindicato, cree que España “debería avanzar hacia una ley de negociación colectiva que proteja el resultado del diálogo social, que sería los más consecuente y coherente con la posición que la Constitución reconoce a los interlocutores sociales”. Añade que ese paso acompasaría la normativa española con la europea, “en la cual es más sencillo que los pactos de organizaciones sindicales y patronales pasen directamente a directivas”.

Los jefes sindicales también reclaman a los grupos políticos que se posicionen respecto a la reducción de jornada, para saber si la medida podrá prosperar en el Congreso. La clave está en Junts, que no desvela su posición y que, según adelantó El Mundo, se reunió con CEOE esta semana. La patronal pidió al grupo catalán que rechace la medida.

Enmienda al diálogo social

Ferrer cree que, más allá del contenido, el rechazo de BNG y Bildu a la reforma de pensiones tiene “razones obvias”. “No están a favor porque su espacio de intervención sindical no coincide con el de los firmantes del acuerdo; esto no aplica a ERC (Salvador fue secretario general de UGT en Tarragona), pero para BNG y Bildu es clarísimo”, desarrolla en alusión a la afinidad de esos partidos con otros sindicatos de corte nacionalista. También señala al PP: “Cuando han gobernado han ignorado el diálogo social. Y ahora, en la oposición, sería esperable que si CEOE firma un acuerdo lo suscribiesen, pero están en el no permanente”.

Mon Fernández, diputado del BNG en el Parlamento de Galicia y ex dirigente de la Confederación Intersindical Galega (CIG), dice “desconfiar muchísimo de la mesa de diálogo social”. Cataloga como “un mantra ideológico” el hecho en sí, “pensando que empresarios y sindicatos sentados en la mesa y cogidos de la mano vamos a llegar a acuerdos porque sí, como si no existiese la conflictividad”. Asegura que no acuden a estas mesas porque no se les invita y, a la vez, porque su estrategia es otra, de “mayor confrontación”. “Somos un hueso más duro de roer”, destaca. Cree que lo que se debate en esas mesas se debería comentar en el Consejo Económico y Social, donde sí están representados. Con todo, cree que es un organismo consultivo “con la función de asesorar” y opina que “la soberanía popular reside en los parlamentos; hay que ser muy exquisitos con esto”. El 31% de los delegados sindicales gallegos son de CIG, seguidos del 26% de UGT y el 25% de CC OO.

“Es evidente que la apuesta de CC OO y UGT en su sindicalismo, de concertación y acuerdo, es diferente a la que representan ELA y LAB en Euskal Herria, que es más de confrontación”, opina Sabino Cuadra, militante de Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB, Comisiones de Obreros Abertzale) y diputado de Amaiur de 2011 a 2015 en el Congreso. “Si el el Gobierno llega a unos acuerdos sabiendo de antemano que chocan con los programas de otros partidos es irresponsable”. Los sindicatos nacionalistas suman más del 60% de los delegados en Euskadi.

En CC OO discuten estos planteamientos: “Los grupos parlamentarios tienen derecho a jugar su papel. Otra cosa es que acusen al diálogo social de adolecer de representatividad, cuando es la que es. No se excluye a nadie. Los [sindicatos] nacionalistas renuncian al marco del diálogo social, lo demonizan, lo descalifican cada dos por tres”. Catalogan estas críticas como “una frivolidad”.

En conjunto, CC OO y UGT son con muchísima diferencia los sindicatos más importantes de España. Según un informe elaborado por la central que dirige Sordo, CC OO cuenta con 104.000 delegados en España, el 35% del total, seguido muy de cerca por UGT, con el 32% y 95.000. Estos sindicatos, que además suman dos millones de afiliados, concentran el 65% de los delegados sindicales. Después, muy por detrás, están USO (4%), CSIF (3,7%) o ELA (3,1%), entre otros.