El Gobierno revisará el ERE de Vodafone tras la presión de UGT y CC OO

El Gobierno revisará las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que quiere aplicar Vodafone España para casi 1.000 trabajadores. Este es el compromiso que ha adquirido el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, en la reunión que ha mantenido este martes con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

La reunión no estaba prevista inicialmente, pero el ministro Escrivá decidió convocarla sobre la marcha tras la protesta convocada por los sindicatos de Vodafone en la sede del Ministerio en Madrid, y a la que se sumaron sus máximos dirigentes. Durante la protesta, en declaraciones a los medios de comunicación, ambos dirigentes sindicales cargaron duramente contra el Ejecutivo por autorizar la venta de la filial española de la operadora al fondo británico Zegona el pasado mes de mayo sin imponer previamente condiciones del mantenimiento del empleo.

“No puede ser que el Gobierno no consulte con las organizaciones sindicales operaciones como la de Vodafone, en la que los trabajadores españoles están completamente desprotegidos frente a los fondos buitre, que lo único que quieren es ganar dinero de manera inmediata”, apuntó Unai Sordo. “Ya hemos vivido demasiados casos en los que fondos de inversión entran en el capital de empresas estratégicas y practican una sangría en materia de empleo”, añadió.

“El ministro Escrivá se ha equivocado, y ahora tiene que rectificar y presionar a Vodafone para que no se lleve adelante este atraco”, dijo, por su parte Pepe Álvarez. “Se sabía lo que iba a pasar. Vienen con 300 millones y se quedan con la compañía, porque lo demás son créditos que tienen que pagar y, en consecuencia, ahora estamos en una situación que tiene que ver con esa falta de previsión que tenía que haber tenido el Gobierno a la hora de autorizar la fusión. Por eso creo que estamos a tiempo”, ha añadido Álvarez.

Minutos después de pronunciar estas declaraciones, ambos líderes sindicales eran convocados a una reunión por el ministro Escrivá de la que, según los sindicatos, ha salido el compromiso de que el Ministerio revisará “si las condiciones del expediente tienen que ver con las condiciones que han acordado con el ministerio”, en palabras de Pepe Álvarez.

El Gobierno aprobó el pasado mes de mayo la compra de Vodafone por Zegona por 5.000 millones de euros, sin que su autorización estuviera sujeta a ningún compromiso en firme de mantenimiento del empleo por lo que los nuevos gestores tendrían manos libres para realizar un ajuste laboral, tal y como adelantó EL PAÍS-Cinco Días. Apenas una semana después de materializarse el traspaso de poderes, el pasado 1 de junio, el nuevo consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, anunció un ERE para 1.198 trabajadores, el 36% de la plantilla, aunque la empresa ha reducido los despidos a 938 durante las negociaciones con los sindicatos, un 29% de la plantilla.

Huelga de 24 horas

La protesta frente al Ministerio coincide con la primera jornada de huelga de 24 horas convocada por los sindicatos en protesta por el ERE. Fuentes de la empresa apuntan que la afectación para los usuarios está siendo mínima. Por su parte, fuentes sindicales han señalado que el seguimiento por el personal está siendo masivo, y que sí se están detectando problemas en los servicios de atención al cliente. Un dato que se ve corroborado con las quejas que algunos abonados de Vodafone, que se están manifestando a través de las redes sociales como X. Los sindicatos llevarán a cabo otra jornada de huelga completa el próximo jueves, día 11, mientras que hay paros parciales convocados para los próximos 10, 16 y 17 de julio. Mientras tanto, continúan las negociaciones entre ambas partes que se volverán a reunir los días 11, 15 y 17 de julio.

En la última reunión celebrada el lunes, la empresa ofreció reducir el número de afectados a 938 personas, y mejorar la indemnización hasta los 30 días por año trabajado con el límite de 20 mensualidades, frente a los 28 días y 18 mensualidades de su anterior propuesta. La dirección también se ha mostrado abierta a incluir por primera vez prejubilaciones aunque sin cifrarlas.

Por su parte, la representación sindical en la empresa reclama una mayor reducción en el número de afectados, que la indemnización sea de 60 días por año y un máximo de 50 mensualidades, que la adscripción sea con voluntariedad temporal (frente al derecho a veto que quiere la compañía) y que el plan de recolocación sea por un año y no por seis meses, como plantea la empresa.

Podemos y Sumar

En relación a las protestas, varios diputados de grupos parlamentarios se sumaron a los centenares trabajadores de Vodafone que, venidos de distintos puntos de la geografía nacional, lanzaron pitidos y cánticos contra la empresa y el ministro Escrivá. La secretaria general de Podemos y diputada del Grupo Mixto, Ione Belarra, señaló que es necesario “cuadrar las cuentas con la gente dentro” y destacó la necesidad de que el Gobierno de España se responsabilice de sus acciones.

También fueron críticos los diputados de Sumar en el Congreso Aina Vidal, Félix Alonso y Carlos Martín, quienes también se acercaron a apoyar a los trabajadores. “Vodafone va a despedir al 36% de su plantilla teniendo beneficios”, lamentó Aina Vidal, quién haciendo suyas las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz la pasada semana pidió un cambio legal para que las empresas que tengan beneficios no puedan plantear expedientes de regulación de empleo. Para Carlos Martín, “no es razonable que la empresa, antes de pagar su primera nómina, plantee un despido masivo”. Martín también afirmó que no podemos dejar empresas en sectores estratégicos “al albur de fondos extranjeros que se apalancan para hacer este tipo de operaciones”.

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