La Audiencia bucea por el entramado empresarial de Rodrigo Rato

El juicio sobre el supuesto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato, que acoge la Audiencia de Madrid desde diciembre, ha entrado esta semana en una nueva fase. El tribunal ha empezado a bucear, mediante la declaración de testigos propuestos por la Fiscalía Anticorrupción, en la red de empresas del exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministerio público intenta demostrar que el expolítico urdió ese “holding” internacional de compañías para ocultar gran parte de su patrimonio a Hacienda, a la que defraudó supuestamente cuotas por más de ocho millones y medio de euros.

Rato, que insiste en que la fiscal Elena Lorente impulsa una causa prospectiva contra él, ha permanecido atento a este recorrido emprendido por el ministerio público sobre sus empresas. No se ha perdido ninguna sesión de esta semana (ni ninguna de la decena que acumula ya el juicio), sabedor de que es el gran protagonista de la causa —aunque otras 15 personas físicas y jurídicas lo acompañan en el banquillo—. De hecho, cuando el interrogatorio de uno de los testigos abordaba la figura del exministro, la propia presidenta del tribunal lo echó en falta y mandó avisarlo por si no se había percatado de que la vista se había reanudado tras un receso.

Anticorrupción, que pide cerca de 70 años de prisión para el ex director gerente del FMI, mantiene que Rato urdió una compleja trama societaria para ocultar su patrimonio a Hacienda desde 1999 (cuando formaba parte del Gobierno de José María Aznar). Para ello, creó supuestamente una intrincada red con tentáculos en Irlanda (a través de la empresa Red Rose Investment), Panamá (con Red Rose Finantial y Westcastle Corporation) o Reino Unido (con Vivaway Limited), que le permitían emprender actividades de inversión financiera con multitud de cuentas bancarias desperdigadas por el mundo (en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido o Mónaco). Una maraña de compañías, depósitos y movimientos de miles de euros que fue extendiéndose: “También operó a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao”, asegura el ministerio público en su escrito de acusación, donde añade que después “repatriaba” parte de ese dinero tras “blanquearlo”.

—A usted, ¿quién le daba órdenes? —le preguntó la fiscal el miércoles a Jorge Camacho, trabajador del despacho Plazas Abogados, la asesoría fiscal encabezada por Domingo Plazas, quien presuntamente manejaba las cuentas en el extranjero y gestionaba sus estructuras societarias.

—Para temas de pagos, el señor Rato. A través de correo electrónico o a través del señor Plazas.

Durante su declaración como testigo, Camacho detalló cómo Plazas Abogados llevaba la contabilidad de Kradonara, la sociedad patrimonial de Rato y gran epicentro del caso. También explicó que le “asesoraban” para “el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables” y que gestionaban algunas de sus cuentas. “Pero no analizábamos el origen de los fondos en absoluto”, se escudó Camacho. “Kradonara se constituyó para adquirir un inmueble en Sotogrande, una parcela en la urbanización, y no tenía mucha más actividad”, recordó sobre sus orígenes. Sin embargo, la compañía comenzó a emplearse para otros fines.

Por ejemplo, Anticorrupción sospecha de los supuestos trabajos de consultoría facturados en 2011 y 2012 a la sociedad Albisa, que se convirtió en esos dos años en la gran vía de ingresos de Kradonara. Albisa era una empresa de Alberto Portuondo, el presunto testaferro de Rato ―también acusado en el juicio―, y se usaba supuestamente para “canalizar” los fondos irregulares para que le llegaran de nuevo al exvicepresidente del Gobierno —como, por ejemplo, las presuntas comisiones irregulares cobradas por adjudicar contratos de publicidad de Bankia a las agencias Zenith y Publicis, en los que se centró la vista la pasada semana—. “¿Kradonara se había dedicado antes a estos servicios de consultoría?”, preguntó la fiscal a Camacho. “No”, respondió él. “¿Y esos servicios se materializaban?”, insistió la representante del ministerio público, mientras el trabajador de Plazas Abogados se encogía de hombros y aseguraba que pensaba que la actividad se daba, puesto que se emitían facturas.

“No sé ni lo que tengo yo en el banco”

En este viaje a las entrañas de la red societaria de Rato, la fiscal se ha topado esta semana también con un muro infranqueable: la falta de memoria de María del Mar Prado, antigua trabajadora de las empresas del exvicepresidente del Gobierno. “No lo sé”; “no lo recuerdo”; “ahora mismo no me suena”; “puede ser”; o “no sé ni lo que tengo yo en el banco”, respondió de forma reiterada durante su declaración del miércoles, cuando Anticorrupción trataba de ahondar en los movimientos de dinero entre las cuentas y compañías del principal imputado en la causa. Hasta tal punto había olvidado detalles que, al mostrarle documentación intervenida, la representante del ministerio público le llegó a espetar a la testigo: “A ver si estos contratos le refrescan la memoria un poco más”. Pero no hubo mucha suerte. Tampoco con Iñaki Azaola, quien fuera director de Auditoría Interna de Bankia desde 2012, que aseguró el martes que no sabía “absolutamente nada” del sospechoso contrato de publicidad sellado por la entidad con Publicis. Según dijo, él tenía a su cargo un equipo de 160 personas, que eran “realmente quienes investigaban los asuntos”: “Yo era el último y el que menos sabía de todo. No me acuerdo si existe un informe específico sobre Publicis”.

Aunque, frente a las acusaciones, la versión de Rato es que no se puede encontrar algo delictivo donde no lo hay. En ese sentido, su abogada mantiene que el expolítico “regularizó” todo su “patrimonio exterior” en 2012, cuando se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). “Declaró la titularidad real de Kradonara, así como su participación en las sociedades extranjeras Vivaway, Westcastle y Red Rose Finantial”, expone el exdirigente del PP en su escrito de defensa, donde añade que, por tanto, no ocultó nada entonces a la Agencia Tributaria y que, cuando se presentó la denuncia contra él en 2015, ya se “había puesto en conocimiento” de Hacienda la “totalidad de su patrimonio”: “De forma voluntaria y acorde a la normativa. En consecuencia, sin opacidad”. Una tesis que, por supuesto, no comparte la fiscal, que acusa al exvicepresidente de haber seguido ocultando gran parte de su fortuna.

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