Un grupo de accionistas mexicanos prepara una querella contra el Popular

Un grupo de accionistas minoritarios mexicanos del Banco Popular estudia presentar en las próximas semanas una querella por la "filtración" de información confidencial que habría provocado "importantes caídas en la cotización" de la entidad y beneficiado a inversores con posiciones cortas (que apuestan por un descenso en el precio de las acciones). Al frente de la acción judicial, de la que darán más detalles tras la junta de accionistas de este lunes, está Jorge Gastélum, un abogado mexicano especializado en casos de conflictos entre socios y administración fraudulenta de empresas. En declaraciones a EL PAÍS, el letrado afirma representar a accionistas que suman un 4% del capital del banco español.

"Llevamos tiempo investigando si la gestión del [Banco] Popular, tanto del expresidente Ángel Ron como del resto miembros del consejo de administración, fue adecuada. Se han producido varias filtraciones tendenciosas que han generado un quebranto económico a los accionistas minoritarios", expone Gastélum en conversación con este diario. El abogado acusa al máximo órgano de gobierno de la entidad de haber incumplido su obligación de "discreción y confidencialidad", y afirma tener constancia de que un consorcio español presidido por un ciudadano mexicano “se ha hecho millonario" en este proceso. Gastélum no quiso revelar la identidad de los titulares de acciones del Popular que están detrás de la querella ni aportó más detalles sobre la misma.

Antes de emprender acciones legales, los accionistas litigantes —siempre según el letrado— pedirán tanto a la junta de accionistas como al actual consejo de administración del Popular la “paralización de todas las operaciones de venta de activos”. Ese reclamo se extiende a la posible enajenación de su filial en Estados Unidos, TotalBank, una de las opciones que los gestores de la entidad tienen encima de la mesa para reforzar el capital y cumplir con los requerimientos del Banco Central Europeo (BCE).

La querella de este grupo de accionistas mexicanos se sumaría a otra demanda que preparan varios despachos de abogados estadounidenses especializados en este tipo de casos. El motivo de ese segundo litigio en ciernes son los cambios en el patrimonio y los resultados de 2016 que el propio banco comunicó el lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española. El Popular ha admitido que tendrá que corregir sus cuentas del año pasado para añadir cargos no recogidos inicialmente.

El último golpe a la cotización bursátil del Popular llegó la semana pasada con la salida del consejero delegado, Pedro Larena, por motivos "estrictamente personales". El mercado respondió a la dimisión del número dos de la entidad, comunicada horas después del ajuste en las cuentas del año anterior, con una caída intradía del 10,44% en la cotización del banco. Desde 2012, el Popular ha requerido 5.400 millones de euros (5.720 millones de dólares) a sus accionistas para cubrir parcialmente los números rojos causados por la burbuja inmobiliaria española. El año pasado, el banco perdió 3.485 millones de euros (3.690 millones de dólares). Los títulos del Banco Popular valen hoy seis veces menos que hace solo tres años.