"Criminalizar a los más pobres es una mala política social"

Núria Carrera (Ribes de Freser, 1947) es presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes (Tscat) desde 2009. Carrera, que fue teniente de alcalde de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona y diputada provincial en la misma área, es muy crítica con el caos que el Gobierno ha provocado con la Renta Mínima de Inserción (RMI). El cambio en la forma de pago ha ocasionado muchos problemas a los trabajadores sociales que gestionan la ayuda.

Pregunta. ¿Cómo ha visto la actuación del Gobierno?

Respuesta. Se ha querido criminalizar a la gente más frágil apuntando al fraude. Criminalizar a los pobres es una mala manera de hacer política social. Ha habido falta de profesionalidad y rigor en el cambio de la forma de pago: buena parte de las personas no tienen domicilio fijo y la Generalitat lo sabe. Ha habido un gran caos, porque los trabajadores sociales no sabíamos nada. Se ha hecho por la puerta pequeña, en agosto y mal gestionado.

"Se ha castigado a todo el mundo por las irrregularidades de solo algunos"

"Los recortes sin consideración nos llevan a una crisis de cohesión social"

P. ¿Cómo afectará el cambio en la RMI?

R. Si privamos a la gente que tiene hijos de cobrar una ayuda añadida, los ahogamos a que sigan siendo pobres de solemnidad. Con 600 euros al mes, una familia con tres hijos no puede vivir. Si consideramos la RMI un instrumento de ayuda, para que la gente se reinserte, es un gran disparate. Nos ha chocado que nadie dé la cara.

P. Los consejeros estaban de vacaciones.

R. Los trabajadores sociales hemos tenido que hacer turnos de urgencias. Ha habido un caos extraordinario, los Ayuntamientos no han sido informados. Nos han dado la idea de que todos los usuarios son inmigrantes y no es así: hay catalanes que están en condiciones extremas. Retrasar un pago uno o dos meses lleva a una gran pobreza. Puede ser que alguien haya cometido una irregularidad, pero se ha castigado a todo el mundo. Los recortes se deben hacer manteniendo la protección a las clases más desfavorecidas. Los recortes sin consideración nos llevan a una gran crisis de cohesión social.

P. El Gobierno se escuda en que hay fraude en la RMI.

R. Puede haber fraude como en cualquier prestación. Es una parte muy pequeña. Pero considerar que solo defraudan los pobres... No hay que criminalizar a los pobres que no tienen otra forma de defenderse.

P. ¿Qué control se lleva para dar esta ayuda?

R. Los trabajadores sociales hacemos un diagnóstico. Se decide si puede percibir la ayuda y se plantea un tratamiento. Luego seguimos viendo a los usuarios porque siempre requieren de nuestra ayuda. Si la Generalitat quiere más control de seguimiento, que lo haga, pero bien.

P. Artur Mas aseguró que, sin los cambios, en octubre se acababa el dinero.

R. No es creíble. Recortémoslo de otro instrumento. Estamos obligados a proteger a los más frágiles: gente con muchos hijos, gente con problemas de consumo, parejas solas sin ingresos, personas mayores... Esta gente nos necesita en octubre, en noviembre y en diciembre.

P. ¿Han paralizado las ayudas?

R. No lo sabemos, no tenemos información.

P. La oposición denuncia que el Gobierno solo quiere ahorrar.

R. Ahorrarán muy poco dinero. Tienen que darnos recursos: solo escuchando no podemos dar respuesta.

P. ¿Hay que reformar la RMI?

R. Hay que entender la RMI como una ayuda agregada a otras. Hay que hacer diagnósticos precisos en cada caso, son 34.000 y muchos de alto riesgo.

P. ¿Qué explicación espera que den Mena y Cleries?

R. Incidirán en el fraude, cosa que es una mala estrategia política. Si quieren más controles y más rigor, nos encontrarán, pero esta no es la manera.

P. ¿Temen más restricciones?

R. Si hay más restricciones, levantaremos nuestra voz para defender los derechos de los que más lo necesitan.