Una reforma moderada

El alcance de la reforma fiscal aprobada el viernes por el Gobierno está condicionado por la prudencia de sus principales responsables, el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el ya ex secretario de Estado de Hacienda Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El nuevo IRPF propuesto cuenta con un tipo máximo más reducido -baja del 45% al 43%-, propone una moderada simplificación de tramos -serán cuatro en lugar de cinco- y dispone una tributación unificada del ahorro al 18%. Al final, Hacienda ha decidido que los contribuyentes puedan rescatar su fondo de pensiones de una sola vez, posibilidad castigada fiscalmente en la primera versión de la reforma para incentivar la percepción del ahorro mediante una renta vitalicia. Resulta más drástica la reforma del impuesto de sociedades. El tipo baja desde el 35% al 30%, se establece uno del 25% para las pequeñas y medianas empresas y se suprime prácticamente toda la maraña de deducciones que convertían el impuesto en un coladero fiscal.

Aunque sea moderada, no cabe duda de que la rebaja impositiva es el principio que inspira la reforma que empezará a aplicarse en 2007. A la espera de las modificaciones en el trámite parlamentario, los cambios introducidos merecen más el calificativo de "retoque" que de una reforma en profundidad. Porque, además de rebajar moderadamente la tributación por renta, Hacienda quería modificar algunos aspectos que se consideraban poco equitativos fiscalmente, como las desgravaciones por hijos, que beneficiaban a las rentas superiores con el sistema aplicado por el Gobierno del PP. Los ajustes por reducción del tipo máximo y por desgravaciones de hijos y familiares apenas afectarán a la recaudación del IRPF, de forma que no hay contraindicaciones que esgrimir por supuestos perjuicios para la estabilidad presupuestaria.

Para modificaciones, reformas o retoques futuros sí cabe esperar que el reformador procure no aumentar la distancia entre la tributación por renta y la tributación por sociedades, para evitar el desplazamiento fiscal de las personas físicas a las jurídicas. En cualquier caso, la variable política que justifica cualquier reforma impositiva que rebaje los impuestos es la prevención del fraude fiscal. El principio aplicable es que cada euro que se recorte al fraude fiscal puede repartirse después entre los contribuyentes en forma de menos impuestos. El Gobierno ha aprobado las normas que permitirán la aplicación de algunos aspectos del Plan de Prevención del Fraude; en los resultados de ese plan se apreciará la capacidad política y de gestión de Hacienda.