El juez mantiene a Villar como investigado en el ‘caso Soule’ y exonera a cinco presidentes de territoriales

Siete años después, el caso Soule, en el que se investigan presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar al frente de la Real Federación Española de Fútbol, comienza a desatascarse. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge dictó este lunes dos autos en los que mantiene como investigados al propio Villar, a su hijo Gorka, y al que fuera vicepresidente económico y mano derecha del dirigente vasco, el tinerfeño Juan Padrón. Los tres en su momentos fueron encarcelados por el juez Santiago Pedraz como integrantes de una supuesta red clientelar en la que presuntos tratos de favor en negocios particulares revertían en Villar en forma de votos.

El magistrado ha archivado la causa para 18 de los imputados, entre ellos cinco presidentes de territoriales, de los que cuatro de ellos aún siguen ejerciendo. Jacinto Andrés Alonso (La Rioja), Vicente Muñoz (Valencia) Antonio García Gaona (Ceuta), Diego Martínez (Melilla) y José Miguel Monje (Murcia) formaban parte de la red clientelar que, según el juez Pedraz, tejió Villar durante su mandato.

Jacinto Andrés Alonso era corredor de seguros Helvetia y, según el sumario de la causa, vendió a la RFEF y entidades vinculadas casi dos millones de euros, lo que en 2015 le permitió ganar 134.000 euros, más del doble de lo que ganaba en 2009. Jacinto Alonso colocó a un primo en la Mutualidad de futbolistas a costa de otro trabajador. Antonio García era administrador de la agencia de viajes Trujillo. Entre el 2009 y el 2015 facturó a la Mutualidad y a la Federación más de 700.000 euros. En el caso de Diego Martínez a Villar se le imputaban pagos al hijo de este, que habría resultado beneficiado con más de 100.000 euros entre 2012 y 2016 también con base en una aparente contratación de servicios informáticos acordada en las oficinas centrales de la Mupresfe (mutualidad).

José Miguel Monje percibió ingresos entre los años 2009 y 2015 de la Policlínica Murciana de Fútbol, participada al 100% por la citada federación, de 24.000 euros al año. Vicente Muñoz, el único del quinteto de barones que ya no ejerce, facturaba a la Federación con Viajes Vacança y la Mutualidad. Entre el 2009 y el 2015 ingresó más de dos millones de euros de ambas entidades, lo que suponía un 80% del total anual de sus negocios. En una conversación grabada que consta en el sumario, Muñoz le propuso a Villar, y este lo admitió, cambiar la titularidad de la agencia para seguir facturando sin vulnerar el nuevo código ético de la Federación que puso en marcha el dirigente vasco cuando fue consciente de que ese tipo de favores podía traerle problemas con la justicia. En una declaración ante el juez Pedraz en enero de 2019, Villar se desmarcó de algunas de esas contrataciones alegando que no formaban parte de sus funciones, sino de las del secretario general.

El magistrado Francisco de Jorge no ha encontrado indicios de delito en las actuaciones de los cinco barones, algo que se intuía desde el principio. Más que actividades delictivas en sí, lo que se cuestionaba era la ética de favorecer los negocios de presidentes de territoriales que son decisivos a la hora de elegir al presidente del fútbol español por el control que tienen sobre el resto del los asambleístas que votan.

El juez, tal y como solicitó la Fiscalía, procedió a dividir el procedimiento en siete piezas separadas, ya que “resulta necesario para preparar adecuadamente el juicio dividiendo la causa por hechos y acusados con el objeto de simplificar el enjuiciamiento evitando un juicio con una multiplicidad compleja de hechos diferenciados y atribuidos a autores diferentes”. La causa se divide en piezas separadas por hechos relativos a la RFEF, la Federación Tinerfeña, la Federación Cántabra, cuyo presidente José Ángel Peláez sigue en activo, la Federación Interinsular de Las Palmas, la Federación Catalana y las delegaciones andaluzas y balear de la Mupresfe. De la Federación Catalana fue robada en enero de 2024 documentación relacionada con la investigación del caso.

Cuenta atrás para Rocha

Pedro Rocha solicitó medidas cautelares contra la inhabilitación de dos años que el pasado mes de julio le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte por extralimitarse en sus funciones como presidente de la comisión gestora. Rocha despidió por su cuenta al secretario general federativo, Andreu Camps, sin consultar con el resto de miembros de la citada comisión gestora, tal y como marca la normativa. Una vez que ha finalizado el plazo que el abogado del Estado solicitó para presentar las alegaciones que se opongan a la concesión de medidas cautelares, el juez ya puede determinar si las concede o las deniega. Si sucede esto último, Rocha dejará de presidir el fútbol español.

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