El asesinato de una policía en Chile empuja a la clase política a encontrar acuerdos para manejar la delincuencia desbordada

Una carabinera ha sido asesinada la madrugada de este domingo en Quilpué, en la región chilena de Valparaíso, por un grupo de delincuentes que robaba una vivienda. La uniformada de 43 años, con 21 en la institución y madre de dos niños, de 12 y 15, fue abatida por los ladrones, que recibieron a los policías con al menos 30 disparos. La nueva mártir de Carabineros de Chile, la segunda funcionaria asesinada en lo que va de marzo, ha generado una indignación transversal en la ciudadanía y urge a la clase política, especialmente al Gobierno de Gabriel Boric, a mostrar resultados frente a la principal demanda de la gente: el control de la delincuencia, frente a cifras que muestran graves problemas de inseguridad. En el país sudamericano ha aumentado la acción del crimen organizado, el poder de fuego y los homicidios solo en la región de Valparaíso aumentaron un 30% en 2022, de acuerdo a datos de la Fiscalía.

Hubo dos detenidos que este domingo pasarán a control de detención y el resto de la banda sigue siendo buscada por la policía. Uno de los sujetos arrestados, Edward Fuenzalida, de 28 años, tiene un largo prontuario y estaba en calidad de prófugo, luego de haberse fugado de la cárcel de Valparaíso en julio de 2021 junto a otros cinco hombres. El año pasado, fallecieron siete carabineros cumpliendo sus labores. Pero desde 2011 que no era asesinada una mujer policía.

La condena ha sido unánime. Los canales de televisión chilenos transmiten en directo lo que sucede en Quilpué, donde se ha trasladado la vicepresidenta, Carolina Tohá, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Los medios locales informan que, indignados, un grupo de vecinos intentó increparlos a la salida de la vivienda de la familia de Rita Olivares, la carabinera asesinada. El presidente Boric, antes de embarcarse en República Dominicana rumbo a Chile, luego de participar en la Cumbre Iberoamericana, hizo un llamamiento al diálogo entre los diferentes sectores políticos: “Acá la pelea no es contra el Gobierno, ni contra los alcaldes, ni contra un parlamentario ni contra nadie que este por acabar con la delincuencia. La pelea es contra los delincuentes y en esto les pido que avancemos hacia la unidad nacional”, aseguró el mandatario desde Santo Domingo.

Poco antes había manifestado en redes sociales su “dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la sargento de Carabineros, Rita Olivares, por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria”. “El pueblo chileno abraza a su familia, a quienes no dejaremos solos. Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia”, escribió el mandatario de izquierda.

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, del oficialismo, envió sus condolencias a la familia de la sargento: “El país entero se enluta”, aseguró el congresista. Uno de los líderes de la oposición, el presidente del partido de derecha UDI, el senador Javier Macaya, criticó al Gobierno: “Basta de reacciones simbólicas y de anuncios de querellas contra quienes resulten responsables”, aseguró el senador, que empujó a La Moneda a darle urgencia esta semana en el Parlamento a los proyectos de ley relacionados con seguridad pública. Entre otras iniciativas, Macaya se refirió a la Ley Naín, que endurece las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería. Cuando fue aprobada en diciembre por la Cámara de Diputados, contó con el rechazo de 20 parlamentarios de Apruebo Dignidad, la coalición de origen de Boric.

El nuevo asesinato de una policía se produce en un momento complejo en el debate chileno sobre el control de la delincuencia. Hace dos semanas un carabinero fue atacado por delincuentes en Concepción, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile, y murió luego de 48 horas. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, manifestó su indignación: “Ya basta, ya basta”, aseguró ante el mártir 1231 de la institución, junto con lanzar críticas directamente a la Fiscalía y a los congresistas por no entregar “condiciones” a los carabineros para desempeñar su trabajo. La ministra Tohá lo llamó al orden y el general fue citado a La Moneda. Fue un episodio polémico porque fue interpretado, por algunos sectores, sobre todo de la oposición, como una falta de apoyo público ante una institución que fue desbordaba en el estallido social de 2019, que cometió violaciones a los derechos humanos y que, con el paso del tiempo, vuelve a ganar prestigio ante la ciudadanía. La policía, Carabineros y las Fuerzas Armadas son las instituciones más valoradas por la gente tras las universidades, de acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, dada a conocer en enero.

Los indultos otorgados a fines de 2022 por el presidente Boric a un grupo de 13 condenados, 12 de ellos relativos a delitos del estallido social de 2019, solo han complejizado las conversaciones. La decisión del mandatario, que hace unos días fue respaldada por el Tribunal Constitucional, sigue siendo objeto de debate político. Fue una señal delicada con respecto al compromiso de La Moneda contra la delincuencia y, entre otras consecuencias, paralizó las negociaciones de Tohá con la oposición en torno a una agenda transversal de seguridad pública. Entre los perdonados se encontraba Jordano Jesús Santander Riquelme, condenado a siete años de cárcel y tres penas remitidas tras atacar en marzo de 2020 un cuartel de la policía en San Antonio, en la misma Región de Valparaíso. Fue declarado culpable por el homicidio frustrado de un policía al que intentó atropellar cuando el funcionario trató de detenerlo.