El juez interrogará al funcionario que denunció la trama del 1% del PP de Aguirre

EL PAÍS reveló este mes que el actual Ejecutivo ha detectado casi 200 contratos solo en la Consejería de Transportes con la cláusula que obligaba a los concesionarios a dedicar un 1% del montante total a publicidad. El juez investiga ya 16 acuerdos de ese departamento (por 74,65 millones de euros), y 34 más del de Sanidad, por si se emplearon para compensar a las compañías que trabajaban gratis en las campañas electorales del PP, además de para nutrir la supuesta caja b de la formación.

El nuevo testigo es Francisco Javier B. M., que en 2013 acudió en su condición de secretario y representante de la Junta de Personal de Funcionarios (órgano con funciones similares a las de un comité de empresa) a una reunión en la Consejería de Transportes para denunciar la supuesta existencia en este departamento, al menos desde 2009, de "pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras", en referencia al 1% reservado para publicidad que ahora se investiga en el caso Púnica. Entonces, el ejecutivo madrileño estaba presidido por Ignacio González y el consejero de Transportes era Pablo Cavero. En aquel encuentro, que estuvo precedido de dos cartas de los funcionarios detallando las supuestas irregularidades dirigidas precisamente a Cavero, no participó este, sino el entonces número dos de su consejería, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Tras su celebración, el gobierno madrileño no tomó ninguna medida.

Ahora, sin embargo, aquella denuncia se ha convertido en una nueva línea de investigación para el juez y Anticorrupción en su búsqueda de nuevos indicios sobre la trama del 1%. De hecho, la existencia de la reunión y las cartas precedentes no se había conocido hasta que las reveló eldiario.es el pasado 23 de septiembre, cinco años después de las primeras detenciones del caso Púnica. Tras publicarse, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitieron a la Audiencia Nacional un oficio en el que daban cuenta de la existencia de las misivas y mostraban sus convencimiento de que su contenido "permitía conocer que funcionarios de la Comunidad de Madrid alertaron por escrito al Gobierno de Ignacio González de la corrupción del 1% en los contratos públicos". Los agentes incluían en este documento policial el nombre de uno de los firmantes de dicho escrito, Enrique Á.

Cuatro días después, la Fiscalía presentaba ante el juez el escrito en el que solicitaba que se citase a declarar como testigo a este funcionario "a los efectos de aportar prueba en el esclarecimiento de los hechos que se investigan en la pieza de financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid". Anticorrupción recordaba que "la investigación ha revelado que, como una forma de desviar dinero de las arcas públicas de determinadas consejerías de la Comunidad de Madrid, como Transportes y Sanidad, los pliegos de los contratos licitados desde las mismas incluían una cláusula que reservaba hasta el 1% del importe del contrato para pago de publicidad o información de la obra a cargo del adjudicatario. Dicha publicidad -continuaba la fiscalía- era facturada por ciertas empresas del círculo de confianza del PP de Madrid que, o bien no prestaban la publicidad o la sobrevaloraban".

El magistrado finalmente tomó declaración a Enrique Á. el pasado 11 de noviembre. En la misma, este funcionario detalló que él no participó en aquel encuentro con el número dos de la Consejería de Transporte, y facilitó el nombre de su compañero Francisco Javier B. M., al que el juez tomará declaración el próximo 21 de enero, según una providencia del pasado 17 de diciembre a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Según un informe de la UCO del pasado marzo, la supuesta trama del 1% se decidió en una reunión celebrada a comienzos de 2004 en la que supuestamente participaron Esperanza Aguirre y algunos de los miembros de su gobierno, entre ellos Ignacio González y Francisco Granados. En dicho encuentro, presuntamente se acordó indicar a las empresas que resultaran beneficiadas con contratos públicos que el 1% destinado a campañas de publicidad para dar a conocer las obras fueran adjudicadas a las empresas de publicidad de Daniel Horacio Mercado, imputado en la causa.

El objetivo era pagar al empresario los actos de campaña que organizaba para el PP de Madrid. Cuando Aguirre fue preguntada por esta reunión en su declaración como imputada del pasado octubre, restó importancia a la misma y lo redujo a un breve encuentro fuera de su despacho. La expresidenta madrileña insistió entonces en que se había enterado "por el sumario" de la trama del 1% madrileño.