El Ayuntamiento ejercerá la acusación particular por las agresiones ultra del 9 d‘Octubre

El Gobierno local de Valencia acordó el pasado 15 de diciembre, a instancia del alcalde Joan Ribó, que el Ayuntamiento se personase en la investigación de las agresiones de grupos ultra contra los participantes en la manifestación vespertina del pasado 9 d'Octubre.  

Fue en este marco que el alcalde propuso a la Junta de Gobierno Local el “ejercicio de acciones para la defensa de los intereses públicos que corresponde defender a este Ayuntamiento, y garantizar los derechos de toda índole, incluidos los patrimoniales, que puedan haberse visto afectados por las actuaciones objeto de instrucción penal”, recoge el Consistorio en un comunicado.

"Es indiscutible, además, la obligación municipal, dentro de sus competencias, de realizar toda acción que se considere necesaria en vista a preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Además, tenemos un compromiso firme con la democracia y el derecho de cualquier persona de manifestar sus ideas propias, como derecho constitucional, y en definitiva, el derecho a la discrepancia sin recurrir en ningún caso a la violencia, como hicieron los grupos ultras el pasado 9 d’Octubre. Es una obligación del Ayuntamiento y un deber que se ha marcado este gobierno municipal, trabajar para erradicar los delitos de odio”, ha manifestado Ribó.

Durante la manifestación convocada el pasado 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, por las organizaciones integrantes de la Comissió 9 d’Octubre se constataron situaciones de enfrentamiento y desórdenes causados por la presencia de un grupo de ultraderecha ajeno a la marcha, que mostró, tal como ha subrayado el alcalde, “actitudes de confrontación al legítimo derecho de manifestación, produciéndose varias agresiones”.

Los asistentes a la manifestación, cuyo lema era Sí al valenciano, fueron atacados por un grupo de ultras, que se concentraron, sin que mediase autorización gubernativa alguna, frente a la marcha permitida y a cuya cola se habían unido simpatizantes de las organizaciones independentistas de la CUP y Arran.

El cordón policial que debía asegurar el acto resultó escaso y varios ultras rodearon y agredieron a los integrantes de la manifestación autorizada. Hay 17 investigados en estos momentos por los citados hechos. Las agresiones fueron captadas por fotógrafos de distintos medios de comunicación -un reportero gráfico, colaborador de El PAÍS, fue uno de los agredidos- y retransmitidas en directo por televisión. La manifestación partió finalmente, fuertemente escoltada por la policía, pero tuvo que cambiar su itinerario al haber sido ocupado el punto de llegada previsto por los ultras.