Salud limitará la entrada de entes privados a la gestión de servicios

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) dio ayer luz verde a la memoria del anteproyecto de ley que regulará la contratación pública de servicios sanitarios. La norma es una transposición de una directiva europea que daba carta blanca a los Estados para organizar la gestión de sus servicios de atención a las personas, aunque recomendaba que en la contratación primen otros criterios por encima del precio de mercado. La ley que ultima el Departamento de Salud limita el acceso a empresas con afán de lucro y facilita la entrada a los conciertos públicos a entidades de economía social, las empresas que priorizan la finalidad social sobre el capital y son independientes de los poderes públicos y de mercado.

Con la nueva norma, el CatSalut podrá adjudicar a dedo la gestión de determinados servicios sin tener que pasar por las normas de contratación pública. Con ello se prevé evitar que entes ajenos al sector pugnen con el mismo derecho por gestionar servicios sensibles que deberían estar en manos de especialistas en el sector, tal y como sucedió cuando se adjudicó en 2012 la gestión de un ambulatorio a la multinacional EULEN, sin experiencia en la asistencia directa.

Con todo, la norma no blinda la entrada al afán de lucro. “Esta norma armoniza las formas de gestión que estaban hasta ahora, donde había mucha más discrecionalidad. Ponemos mucho más difícil el acceso al afán de lucro”, explican fuentes de Salud.

La norma contempla varias formas de cesión de la gestión de servicios sanitarios sin recurrir a concursos públicos. Por un lado, encargos de gestión a medios propios de la Generalitat —públicos, participados por la Administración, como consorcios públicos o las empresas municipales— y, por otra parte, conciertos con empresas de economía social. Fuentes de Salud explican que, si una empresa de economía social de un territorio y una empresa con afán de lucro se presentan para gestionar un mismo servicio en su zona, "esta norma faculta al CatSalut para concertar la actividad con la empresa de economía social".

Caso aparte sería si ninguna de esas dos empresas del ejemplo tuviesen experiencia en el territorio donde aspiran a dar el servicio. La experiencia en el territorio es un criterio que exige la normativa propia del sistema de concertación y, en caso de que ninguno de los dos lo cumpliese, se tendría que convocar el concurso público habitual bajo las normas de contratación pública de la Generalitat. Por casos como este, es que el blindaje no es total al afán de lucro, sino que todavía queden huecos por donde las empresas con fines lucrativos pueden acceder a gestionar servicios sanitarios. De hecho, donde sí tiene vía libre el afán de lucro es en lo que Salud llama "servicios sanitarios de carácter complementario". En esta red asistencial, donde se incluye la rehabilitación ambulatoria, la diálisis ambulatoria, la oxigenoterapia y el transporte sanitario, la concurrencia seguirá siendo, como hasta ahora, a través de contratos públicos, por lo que se podrán seguir externalizando estos servicios.

Suspicacias

Con todo, este primer paso que dio ayer el CatSalut —todavía le queda recorrido hasta que llegue a votarse en el Parlament— ya levantó suspicacias entre plataformas sociales como Tancada Clínic y miembros de la Marea Blanca, que vieron en esta norma un nuevo intento de privatizar el sistema. “Es un cambio de modelo, más neoliberal y abierto al mercado”, criticaron.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona valoró que “el proyecto se queda muy corto al fijar los criterios que se exigen a las empresas de economía social”. La Mesa del Tercer Sector consideró que es “el modelo de concertación adecuado”, el que ellos mismos defendieron ante el consejero de Salud, Toni Comín.