Archivada la denuncia por fraude de subvenciones contra ENCE

El juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra archivó este viernes, a petición de la fiscalía, la investigación contra ENCE por un supuesto delito de fraude de subvenciones públicas que derivó en una pieza separada de la Operación Patos por los presuntos amaños en adjudicaciones de obras y contratas en la que hay 50 personas implicadas entre funcionarios y políticos.

Uno de los informe de la unidad de delincuencia económica de la policía judicial (UDEF) que dio origen a las investigaciones que se siguen en varios juzgados gallegos denunciaba que la pastera de Pontevedra contaba con la colaboración externa de la empresa Toysal (Toca y Salgado, SL) para solicitar subvenciones de la Xunta y que esta, a su vez, supuestamente pactaba otros presupuestos a la baja con otras del mismo sector para acometer trabajos para ENCE.

Los indicios de presuntos amaños se conocieron a través de las intervenciones telefónicas de los investigados en los meses previos a desatarse la Operación Patos, en 2014. Según los pinchazos, una de estas subvenciones se refería en concreto a la que concedió la Xunta con fondos de la UE para la recogida y transformación de ceniza y que fue certificada a Toca y Salgado que a su vez se la facturó a ENCE por importe de 12.270 euros.

La fiscalía en su escrito de archivo descarta que hubiese fraude de subvenciones al no superar el umbral de los 120.000 euros para tipificarlo como delito y porque se ha comprobado que el contrato se cumplió por parte de la pastera, por lo que no entra a valorar los posibles pactos con otras ofertantes en un contexto penal. “Es probable que los presupuestos presentados por otras empresas que constan en el expediente fuesen de favor (como señala el informe policial) y no tuviesen propósito serio, más la cuestión a analizar es la de si ello daría lugar a la comisión de un delito de fraude de subvenciones”, señala el escrito del fiscal.

Para el Ministerio Público tampoco consta que Toysal no haya realizado los trabajos por los que facturó a ENCE y apunta que “la única duda que surge” es si dichos trabajos pudieron ser realizados por otra empresa por un precio inferior al que se hizo constar en el expediente administrativo. “Aún admitiendo dicha posibilidad, en este supuesto la cantidad facturada fue claramente inferior a la exigida por los tipos penales, y de la que no consta que no sea procedente en su totalidad, constando que al menos un porcentaje importante estaría justificado por haberse realizado el trabajo facturado”, concluye la fiscalía.

El mismo juzgado sigue investigado posibles delitos en la adjudicación de contratos en municipios de la provincia a la constructora Eiriña, la empresa que está en el origen de la operación policial Patos. Es el caso de los proyectos ejecutados en A Estrada, Forcarey y Silleda que se realizaron través de la Delegación de Obras de la Xunta.

Igualmente continúan las pesquisas sobre Eiriña en torno a la adjudicación por el Ayuntamiento de Pontevedra de las obras de reforma de la Avenida de Lugo, en la calle Santa Clara y la mejora de un vial en Salcedo. La investigación se remonta a los años 2013 y 2014, e involucra a los gobiernos tanto del PSOE como del BNG, en la que también aparece una gratificación de la constructora de 3.600 euros para la cabalgata de reyes.