Cuatro años de austeridad

La austeridad ha guiado la política fiscal y financiera de la Generalitat en las dos legislaturas de Artur Mas. La receta del Ejecutivo catalán para enderezar las finanzas públicas en los últimos cuatro años ha consistido en un tijeretazo del gasto presupuestario del 20%, un aumento de la presión fiscal y una accidentada política de privatizaciones. Con esas medidas, el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha rebajado el déficit público en 3.948 millones de euros. La reducción de ese desfase fue constante entre 2011 y 2013, pero volvió a incrementarse en 2014 después de que los planes de privatizar las depuradoras del área metropolitana de Barcelona dieran al traste por la oposición de los alcaldes.

La receta de CiU se basa en recortes, privatizaciones y la subida de tributos

En la pasada legislatura, el Gobierno de CiU tuvo que compaginar el control que el Ministerio de Hacienda ejercía sobre sus finanzas mediante el reparto de los objetivos de déficit —que cargaban el grueso del ajuste sobre las comunidades— y los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con el cambio de socio parlamentario. Tras los comicios de 2012, CiU decidió romper con el PP y pactar con ERC las cuentas públicas. Los convergentes tuvieron que tragar con las exigencias de ERC de recuperar el impuesto de Sucesiones —que había suprimido tras tacharlo de “confiscatorio”—, a instaurar el impuesto sobre los depósitos bancarios que CiU siempre se había negado a implantar o bien varias tasas ambientales. Algunos de esos tributos nunca entraron en vigor al ser recurridos por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

El año pasado el déficit escaló del 1,96% al 2,58% del Producto Interior Bruto (PIB) por la política de privatizaciones y por el retraso que sufren las comunidades en beneficiarse de la mejora de la recaudación tributaria a causa del sistema de anticipos. Ello explica parte de la escalada de la deuda pública de la Generalitat, que en el primer semestre de 2015 ascendió, según el Banco de España, a 66.813 millones de euros, equivalente al 32,8% del PIB. Eso significa que durante la época de Artur Mas la deuda se ha incrementado un 87,5%. La mitad de esa deuda está contraída con el FLA, lo cual es un arma de doble filo: si bien aumenta la dependencia respecto a la Administración central, también ha permitido rebajar los intereses de la deuda por primera vez en la legislatura, de los 2.077 millones de 2014 a 1.713 millones en 2015.

La tesorería de la Generalitat ha estado sometida, además, a duras tensiones en los últimos años. Los hospitales concertados, las farmacias o las entidades sociales han sufrido los retrasos en los pagos del Ejecutivo catalán. La morosidad de la Administración catalana ha ido creciendo este año, de modo que, según el Departamento de Economía, ya paga a 92,2 días a sus proveedores. El área de Salud es la que más tarda en abonar las facturas (100,9 días), mientras que Enseñanza paga solo seis días más tarde de lo que debería.

El Presupuesto de la Generalitat se ha incrementado este año el 5,6%, aunque casi todo ese aumento se lo come la recuperación de la paga extra de los empleados públicos. Si se excluye la subida de los costes salariales y el efecto de integrar en las cuentas algunas empresas públicas, el gasto apenas aumenta el 0,4%. Sin embargo, Mas-Colell se enfrenta a una reducción del déficit del 2,58% al 0,7% del PIB. Para cuadrar el sudoku, el consejero incluyó tres partidas sujetas a negociación con el Estado —que este le negó enseguida— y que en el plan de ajuste presentado a Hacienda cambió por más privatizaciones. De hecho, el plan presentado el pasado julio prevé que esas operaciones permitan ingresar 1.663 millones. Hasta ahora, sin embargo, las ventas han supuesto más un problema que una solución: la Generalitat se malvendió Tabasa y ya ha sufrido varios reveses judiciales por ATLL, que podría costarse hasta 326 millones de euros.