Dina Boluarte decreta tres días de duelo nacional por la muerte de Fujimori

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha decretado tres días de duelo nacional por la muerte del autócrata Alberto Fujimori. Según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, al exmandatario se le deben otorgar “las honras fúnebres que corresponden al presidente de la República en ejercicio”. Por ello, la bandera peruana deberá flamear a media asta en edificios públicos, buques, bases militares y misiones diplomáticas. Para el Gobierno, ha quedado así zanjada la pregunta de si este hombre que gobernó con puño de hierro en los noventa merecía un funeral de Estado y un velatorio digno de personajes ilustres.

La Presidencia ya había lamentado en X la muerte del autócrata, condenado por graves violaciones de derechos humanos y excarcelado el pasado diciembre por un indulto humanitario. “Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz”, declaró el Gobierno. Boluarte no tiene margen para apartarse de la normativa oficial, pese a que en 1992 el expresidente cerró el Congreso, intervino el poder judicial y asumió así, de facto, todos los poderes del Estado. Necesita de los congresistas del fujimorismo para mantenerse en el poder y para gobernar, aunque sea de forma precaria.

El reglamento de ceremonial del Estado solo contempla un día de duelo oficial, al momento de “la inhumación de los restos mortales en consideración a su alta investidura”. No obstante, gobiernos anteriores a Boluarte también declararon tres días por la muerte de otros exmandatarios. En 2019, la Administración de Martín Vizcarra decretó tres días de duelo en honor al expresidente Alan García, que se suicidó cuando iba a ser detenido por corrupción.

Alberto Fujimori, el adiós de otro caudillo latinoamericano

La figura de Fujimori nunca dejó de sobrevolar la vida política de Perú precisamente debido a la brutal represión que desató mientras se mantuvo en el poder. La concesión del indulto dividió durante años a la opinión pública del país. El exmandatario pudo abandonar la cárcel gracias a una decisión del Tribunal Constitucional, que revalidó un indulto otorgado en el 2017 por su precaria salud. Entonces salió del penal de Barbadillo el día de Nochebuena y se internó en una clínica, donde permaneció casi 100 días. Sin embargo, debió regresar a prisión tras revocarse el fallo. La decisión del Constitucional contravino una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y ha colocado al Gobierno de Dina Boluarte en una posición de desacato frente al sistema interamericano de justicia.

Los simpatizantes de Fujimori le reconocen la gestión económica y la guerra contra Sendero Luminoso. Por el camino, sin embargo, en Perú se perpetraron abominables crímenes orquestados desde el corazón del Estado y gravísimas violaciones de los derechos humanos, según los tribunales y múltiples organismos internacionales. Su mandato estuvo marcado además por una trama de corrupción estructural. En septiembre del año 2000, su antiguo asesor Vladimiro Montesinos, que se encuentra en la cárcel, entregó 15.000 dólares a un congresista opositor. El soborno quedó grabado y difundido. Fujimori huyó a Japón, desde donde renunció por fax a la Presidencia, y después se fue a Chile, país que finalmente lo extraditó en 2007.

Las honras fúnebres no son el único gesto del Gobierno de Boluarte con el expresidente. El mes pasado, el Congreso aprobó una ley que libra de todo proceso judicial a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra antes de julio de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma. Esto benefició directamente a Fujimori, a quien su hija ya había anunciado como posible candidato a la Presidencia en 2026. Asimismo, el Legislativo también aprobó una pensión vitalicia para Fujimori. Según la ley, los expresidentes constitucionales deben recibir una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad, pero este beneficio queda suspendido en caso de contar con una acusación constitucional, a menos que el Poder Judicial declare su inocencia.