La ejemplaridad de Feijóo y el CGPJ

Es realmente tranquilizador que el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, sienta como “aterradora” la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez ejerza en el gobierno de los jueces alguna forma de “influencia”. Por suerte, Guilarte ha puesto sobre aviso muy juiciosamente al presidente Sánchez de aquello que en ningún caso podría acometer sin vulnerar de forma terrorífica, casi gore, la independencia judicial. Es un acto de altura institucional irreprochable la toma pública de posición firme y enérgica por parte de Guilarte contra las veleidades autoritarias y el inoportuno o incluso precipitado propósito de Sánchez de renovar el CGPJ con tantas prisas, cuando solo lleva cinco años caducado y como si ese lapso de calma y reflexión para hacer bien las cosas hubiera de resultar un grave problema de funcionamiento institucional democrático.

Lo único que está pasando, y no se entiende tanto escándalo, es que el CGPJ sigue con casi los mismos miembros y la misma mayoría conservadora que lo constituyeron cuando en 2011 Mariano Rajoy ganó en las urnas una mayoría absoluta para el PP. Eso es todo, y no hay más que rascar. Bueno, sí, es cierto que el mandato de sus miembros caducó hace más de cinco años y en total ha pasado más de una década, pero todo el mundo debería entender que la lentitud de la justicia en España es una lacra contagiosa y, por tanto, esa lacra se extiende también al precepto de renovar el CGPJ de acuerdo con las mayorías parlamentarias de las sucesivas elecciones generales, según pide la Constitución.

La aberración democrática en la que incurre Sánchez al pretender alterar el feliz y sosegado funcionamiento ordinario del CGPJ sería ciertamente criminal o incluso “aterradora” porque impediría que siguiese todo exactamente igual y que se alcanzase una renovación acorde con las mayorías parlamentarias de los últimos años, incluida la más reciente, la surgida de las urnas el 23 de julio de 2023. Una excesiva precipitación podría incluso alterar el normal funcionamiento de las instituciones, y eso significaría una mácula más en este Estado nuestro de derecho tan vapuleado. Además, a ver, ¿qué prisa hay exactamente para renovar ese órgano? ¿Por qué no puede durar otros cinco años más tal como está? ¿A quién puede incomodarle y por qué acelerar las cosas cuando todo el mundo sabe que las prisas no son buenas? ¡Algunos majaderos incluso llegan a proponer que dimitan en bloque sus miembros! ¡Eso equivaldría a defender de la forma más irresponsable que abandonen sus puestos en el campo de batalla solo porque el mandato está caducado hace cinco años! ¿Alguien puede entenderlo? Un español de verdad no abandona jamás el campo de batalla.

Entrometerse en la vida del CGPJ e irrumpir en el ejercicio de sus funciones es una auténtica injerencia democrática intolerable, además de un despropósito democrático. De hecho, si alguien se atreviese a intervenir en ese (quinquenal) epílogo de plenitud de los cargos nombrados hace más de una década podría estar haciendo algo muy grave: vulnerar el principio sagrado de la separación de poderes.

Por eso mismo es todavía más gratificante escuchar el digno empujón de Feijóo a la regeneración democrática del ecosistema judicial, que goza de una envidiable salud desde hace muchos años. Por eso digo que tiene santísima razón el líder del PP al declarar a las puertas del Parlamento que Pedro Sánchez “empieza ya a ser un peligro para la independencia judicial de nuestro país.”. Más razón todavía le asiste al líder del centroderecha moderado español cuando reprueba con palabras enérgicas la conducta gubernamental de pretender alterar la vida del CGPJ: “Ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir en el Estado de derecho”. ¡Exacto! Por eso supongo que añade con gran sentido de la oportunidad y de la decencia política que “nosotros [se entiende que los dirigentes del PP] obviamente no los vamos a admitir”.

Es verdad que hubiera sido maravilloso que los expertos en tribunales y justicia de este periódico hubiesen podido contrapreguntar a Feijóo sobre los órdagos, los chantajes y las amenazas, o incluso la colonización de la justicia por parte de Sánchez, según Feijóo, al pretender impedir incomprensiblemente que el CGPJ siga rumiando a ver cómo hacer exactamente para renovarse de la mejor manera. Denle tiempo, por favor. Y además, qué carambas, tiene razón Feijóo: no puede estar uno contestando cada dos por tres a falsedades históricas y a deformaciones aberrantes de la realidad. Podría acabar confundiéndose o trabucándose Feijóo ante el micrófono y creyendo de veras que el secuestro del gobierno de los jueces lo ha practicado el PSOE desde hace cinco años y pico. Un lapsus ahí podría ser criminal, y podría poner en riesgo la ejemplaridad democrática de seguir blindando una mayoría conservadora en el CGPJ otros cinco años más, lo menos.