Hay condiciones para que se desate la inversión, pero no lo hace

Buena parte de los obstáculos que retenían las decisiones de inversión corporativa y de los hogares se han debilitado en los últimos meses, desde el coste y disponibilidad de la financiación hasta las dudas sobre la recuperación que encubrían los conflictos geopolíticos, pasando por los niveles de endeudamiento de los agentes. Pero cuando se han consumido casi cinco años desde la parálisis de la pandemia, los recursos destinados a formación bruta de capital siguen en los niveles de 2019. Lentamente se han restablecido las condiciones para que se desate la inversión, pero no lo hace. Persiste demasiado tiempo un déficit de expectativas y un superávit de incertidumbre que cuesta disolver.

En estas humildes prédicas escritas en el agua se ha llamado hasta la pesadez la atención sobre este fenómeno poco normal en una economía que acumula en los últimos dos años mayores dosis de dinamismo y generación nominal de empleo en Europa, pese a que los socios continentales han superado con holgura las cifras de inversión conquistadas en 2019. Pero si la pasividad para tomar decisiones de inversión tenía justificación tras el tantarantán del covid, ahora carece de excusas, o al menos de excusas de carácter financiero. La explicación de la precaución debe alojarse en variables más líquidas, más intangibles, menos detectables, menos manejables.

Cinco años con una de las variables más importantes de la actividad económica bajo mínimos, sin duda la que más efecto multiplicador genera sobre la economía, es demasiado tiempo como para no desequilibrar el crecimiento y debilitar los pilares que lo sostienen a largo plazo. El volumen de la inversión detectado por la Contabilidad Nacional está en el mismo nivel que en 2019 en términos reales (255.000 millones a precios de 2019 en los últimos cuatro trimestres, que comparan con los 262.000 destinados a inversión aquel año), con una contracción muy severa en la formación bruta de capital de las empresas (189.000 millones en 2019 y 157.000 a precios de entonces en los últimos cuatro trimestres contabilizados), y razonablemente buen desempeño de las familias.

Curiosamente, la inversión protagonizada por las administraciones públicas ha sido la más dinámica, pasando de los 27.296 millones del año previo a la pandemia, a los 45.150 de los últimos cuatro trimestres (36.250 millones reales), en lo que puede considerarse un ejercicio keynesiano conveniente en periodos de crisis, pero en todo caso insuficiente. En resumidas cuentas, el índice de inversión, con valor de cien en 2015, marca ahora 114,2 puntos, por 113.5 en 2019, con una aportación negativa de la inversión al crecimiento del PIB durante 10 de 22 trimestres, a duras penas compensados por los doce restantes.

Las encuestas regulares que tratan de escrutar la opinión y el estado de ánimo empresarial siguen enviando señales dispares, pero con un predominio creciente del positivismo. La muestra más reciente del Banco de España detecta cierta preocupación para los trimestres venideros por la falta de claridad que los encuestados aprecian en la generación de beneficios y precios de la energía; pero el índice de confianza empresarial de Estadística detecta un salto muy cualitativo desde el verano en las opiniones favorables a la marcha de la actividad.

Lógicamente el cambio en el estado de ánimo llega de la mano de un giro que parece definitivo en las condiciones de financiación, con un descenso del coste del dinero iniciado hace escasas semanas. No obstante, los tipos sintéticos a los que empresas y hogares captan crédito de entidades residentes en nuevas operaciones están aún en máximos de muchos años, aunque ya han empezado a flexionar a la baja. En el caso de las empresas está situado en el 5,22%, frente al 5,23% de 2023 o el 1,91% de 2021, cuando la escalada de inflación y tipos no había comenzado. Para los hogares el tipo sintético es del 4,67%, frente al 4,93% de hace un año.

Esta flexión bajista, aunque todavía incipiente, se produce cuando el proceso de desapalancamiento de los agentes económicos ha concluido o está muy próximo a hacerlo, así como cuando la situación financiera de los mismos, aunque más en el caso de los hogares que de las empresas, da señales inequívocas de buena salud. Aunque sea más por revalorización de los activos que por adquisición de activos nuevos, los hogares tienen una riqueza financiera neta en máximos, y una deuda que ha descendido hasta el 46% del PIB, casi cinco puntos menos que hace un año. Las empresas, por su parte, han bajado su endeudamiento hasta el 64% del PIB (frente a un 69% de hace un año), en 948.000 millones de euros.

En los últimos doce meses la financiación a sectores no financieros crece solo un 2,2%, hasta acumular 3,23 billones de euros, y mostrando el mayor dinamismo en el destinado a las administraciones públicas (3,8% más), que además acaparan la mitad de la financiación dispuesta, en un ejercicio de absorción de los recursos poco conveniente para una economía abierta que ha engullido 400.000 millones desde 2020. La destinada a hogares crece un 0,4% (con mucho activismo en consumo) y un 1,4% la enfocada a empresas.

Las variables financieras tangibles parecen en disposición de propiciar un salto cuantitativo apreciable en la inversión, tanto de las empresas como de los particulares. Si tal salto mantiene el retardo es porque hay otras intangibles que maniatan las decisiones, y que tienen más que ver con las expectativas económicas y la incertidumbre que sobrevuela todavía la economía mundial, y también la nacional que se desenvuelve en ella.

La cuarentena a la que está sometida la globalización, con continuas decisiones intervencionistas en el mercado mundial, limitaciones de flujos comerciales e imposiciones de aranceles, en medio de una batalla por los liderazgos tecnológicos y económicos en el mundo, aderezados con conflictos geopolíticos abiertos sin expectativa de concluirlos de forma razonable, complica la toma de decisiones de largo plazo en las que se empeñen demasiados recursos, sean propios o ajenos prestados.

Y a nivel interno, la polarización política creciente; la falta de un presupuesto público actualizado que proporcione certidumbre a la política económica; la inexistencia de una mayoría parlamentaria que tome la iniciativa; la dependencia de cada decisión relevante del buen ánimo y la satisfacción de prebendas a media docena de partidos muchas veces con criterios excluyentes; el coste fiscal de las decisiones económicas que siempre se resuelven elevando las cargas tributarias de empresas y particulares; la inexistencia del menor atisbo de consenso en las decisiones capitales; etc. no ayudan. Muchas decisiones de inversión están en cuarentena, a la espera de que se levante la niebla global y local. Paciencia.

José Antonio Vega es periodista.