El PP aprueba en solitario la ‘ley Wert’

El debate educativo está enquistado. Dentro y fuera del Parlamento. El Gobierno del PP ha aprobado hoy definitivamente en el Congreso una ley escolar, la LOMCE, la séptima de la democracia, con los únicos apoyos de su partido. Ningún otro grupo de la cámara ha votado a favor (UPN se ha abstenido y los demás la han rechazado), lo cual ha ofrecido la imagen más clara de ese enquistamiento que aleja cualquier posibilidad de acuerdo, grande o pequeño, en torno a un tema tan sensible y vital como es la educación. Por un lado, el ministerio que dirige José Ignacio Wert –blanco de todas las críticas de la oposición y buena parte de la comunidad educativa por su política y sus formas— parece haber decidido ya hace muchos meses sacar adelante, aún sin apoyo alguno fuera del PP, la reforma que cree necesaria para mejorar unos resultados mediocres en los exámenes internacionales y una tasa de abandono escolar que casi dobla la media europea (24,9%). Lo quieren hacer con una ley que recupera las reválidas al final de ESO y bachillerato; con itinerarios distintos durante la etapa obligatoria (dura hasta los 16 años); vuelco en las materias “principales” —las académicas ‘duras’ de toda la vida, según algunos especialistas— cuyos contenidos controlará más el Estado; libertad de elección y de enseñanza (es decir, apoyo a la escuela concertada); y especialización de centros y autonomía (la idea es que eso les llevará a la competición y esta, a la mejora). A ello se unen otros puntos polémicos como que la Religión (que volverá a tener materia alternativa sobre valores) contará para la nota media y para conseguir becas; el respaldo legar a las subvenciones para los colegios que separan por sexo; y el blindaje de la enseñanza en castellano en Cataluña.

Pero, en el lado contrario, casi todos los demás (la mayor parte de los partidos de la oposición que han prometido derogar la ley en cuento puedan; la mayor parte de los representantes de padres, profesores y alumnos que ya han hecho dos huelgas generales) consideran que la ley será la puntilla del sistema educativo junto a un recorte de más de 6.400 millones de euros desde 2010.

Durante el Pleno de hoy, el ministro Wert ha escuchado impasible llamar a su ley especie de "collage educativo" que no sirve para resolver los problemas (Salvador Sostres, Foro Asturias); proyecto "monstruoso y abominable que no gusta a nadie" (Joan Baldoví, Compromís-Equo); "ideología en movimiento" (Pedro Quevedo, Coalición Canaria); "nacionalcatolicista, reaccionaria y segregacionista" (Joan Tardà, ERC); "un plato que huele a quemado" (Maite Ariztegui, Amaiur); un "dislate jurídico" (Isabel Sánchez Robles, PNV); "una ley de partido" y no de Estado (Carlos Martínez Gorriarán, UPyD); "antipedagógica, segregadora y economicista" (Caridad García, IU); norma cuya tramitación ha trasladado al mundo "una imagen de charanga y pandereta" (Martí Barberá, CiU); "una chapuza" contraria "al rigor y al sentido común" (Mario Bedera PSOE). Ariztegui ha llegado a expresar su rechazo en verso y cantando: "Estamos construyendo en Euskal Herria nuestra propia educación y no dejaremos que la LOMCE entre en nuestras aulas", ha entonado.

El único apoyo ha sido el de la diputada del PP María Jesús Moro, que se ha quejado de que las críticas que se hacen a la ley no están fundamentadas: "Todos apoyamos la educación pública, que es el pilar del sistema, y la mejor forma de hacerlo es apostar por la calidad". Ya después de la votación (182 votos a favor, 143 en contra y dos abstenciones), el Wert ha añadido: "A partir de hoy contamos con un instrumento legislativo nuevo para dotar de más autonomía a los docentes y disponer de un sistema educativo a la altura del que nuestro país se merece", informa Francesco Manetto. Por la mañana, el ministro había terminado su intervención con una cita bíblica: "Hay un tiempo de destruir y un tiempo de construir", dijo, así que, una vez aprobada la norma, espera "que haya llegado el de construir".  

Pero parece poco posible que vaya a haber paz, pues poco antes buena parte de los grupos le han recordado su intención de derogar la ley en cuanto puedan, han hablado de denunciarla ante el Tribunal Constitucional, y algunos nacionalistas han amenazado con la insumisión a la norma. Además, Barberá ha asegurado que es imposible ponerla en marcha el próximo curso (está previsto que la norma se desarrolle en tres años a partir del que viene) por falta de recursos económicos y porque no van a estar listos los desarrollos normativos necesarios. Bedera, directamente, ha dicho: "Mi grupo quiere advertir muy seriamente tanto a las comunidades autónomas como a los centros docentes ya los propios libreros que no desperdicien tiempo y recursos en poner en marcha una ley que está muerta antes de llegar al Boletín Oficial de Estado". Joan Tardà le recordó a Wert la historia de la anterior ley educativa que aprobó el PP en 2002 (LOCE), entonces, con el apoyo de Coalición Canaria: aquella norma no llegó a entrar en vigor, salvo en unos pocos puntos, porque el PSOE la derogó cuando llegó al Gobierno en 2004.

La diferencia es que, si se cumplen las previsiones de la LOMCE y el Gobierno del PP agota la legislatura, el hipotético cambio de mayorías llegaría a finales de 2015, con la norma implantada (incluidos contenidos, cambios de asignaturas, elecciones de materias de itinerarios o nuevos libros de texto) en toda la educación primaria, en primero y tercero de ESO y primero de bachiller. Aunque se retrasara un curso entero la puesta en marcha, las elecciones llegarían con la mitad de la primaria (primero, tercero y quinto) y la de la nueva FP Básica implantadas. Es decir, que el frenazo supondría una buena cantidad de problemas, algo con lo que seguramente cuenta el Ministerio de Educación, aunque hay puntos que no sería complicado eliminar de forma inmediata, como las reválidas, la nueva forma de selección de directores, las competencias de los consejos escolares o la importancia de la nota de Religión para la media. En todo caso, muchos profesores se quejan de la enorme sensación de inestabilidad y provisionalidad con la que, les guste más o menos, los docentes van a empezar a poner en marcha la reforma el curso próximo.